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El desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, volvió a instalar la discusión sobre la soberanía argentina y la política exterior del Gobierno nacional. Mientras el proyecto petrolero avanza con la participación de la firma israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, exfuncionarios y especialistas vinculados a la Cuestión Malvinas sostienen que la administración de Javier Milei mantiene una postura insuficiente frente a la iniciativa.
El proyecto Sea Lion, situado a unos 200 kilómetros de Puerto Argentino, fue autorizado por la administración británica de las Islas Malvinas a fines de 2025. La iniciativa contempla la explotación de un yacimiento que, según distintas estimaciones, contendría un volumen de petróleo equivalente a aproximadamente un tercio de la producción actual de Vaca Muerta.
La empresa israelí Navitas Petroleum posee el 65% de participación en el emprendimiento, mientras que la británica Rockhopper Exploration controla el 35% restante. La autorización fue otorgada sin el consentimiento del Estado argentino, lo que motivó un rechazo formal por parte de la Cancillería, aunque distintos sectores consideraron que la respuesta oficial fue tardía e insuficiente.
Las críticas también surgieron tras otros episodios recientes relacionados con la Cuestión Malvinas, como la incursión de un patrullero británico en aguas argentinas y la controversia por la ausencia de mensajes vinculados al reclamo de soberanía durante un encuentro deportivo entre Argentina e Inglaterra.
En ese contexto, el exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, sostuvo que el Gobierno argentino no realizó gestiones públicas suficientes para impedir el avance del proyecto petrolero. Además, afirmó que Navitas mantiene vínculos con el Estado de Israel y consideró que, de existir una decisión política de ese país, la empresa podría abandonar el emprendimiento en Malvinas.
Desde la representación diplomática de Israel en Argentina, en cambio, señalaron que Navitas es una empresa privada y que el Estado israelí no participa en sus operaciones comerciales, postura que también fue expresada por autoridades del gobierno israelí.
Por otra parte, el portal especializado Agenda Malvinas difundió un informe en el que sostiene que la empresa registró una ganancia contable de 178,6 millones de dólares gracias al uso de activos por impuesto diferido, mecanismo mediante el cual habría incorporado beneficios fiscales derivados de pérdidas acumuladas por la anterior operadora del proyecto. Según esa publicación, sin ese mecanismo el resultado económico de la compañía habría sido negativo.
El director de Agenda Malvinas, Daniel Guzmán, recordó además que en 2015 el proyecto fue objeto de una denuncia penal impulsada por el Estado argentino, causa que continúa tramitándose en el Juzgado Federal de Río Grande y que, en su momento, derivó en medidas cautelares y sanciones económicas contra empresas vinculadas a la exploración hidrocarburífera en la zona.
Tanto Carmona como Guzmán coincidieron en cuestionar la política exterior del Gobierno respecto de las Islas Malvinas. Ambos atribuyeron a la administración de Javier Milei una estrategia de escasa confrontación diplomática frente al Reino Unido y a las empresas involucradas en la explotación petrolera, además de expresar reparos por las declaraciones del Presidente sobre la situación de los habitantes del archipiélago y el proceso de recuperación de la soberanía.
Mientras tanto, el desarrollo de Sea Lion continúa avanzando y se proyecta como uno de los mayores emprendimientos hidrocarburíferos del Atlántico Sur, reavivando un debate que combina intereses energéticos, política internacional y el histórico reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.
