Denuncian un sobreprecio millonario en una licitación del Puerto de Ushuaia

La Dirección Provincial de Puertos (DPP) confirmó que volverá a impugnar la licitación convocada por la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) para contratar durante seis meses el servicio de mantenimiento edilicio y limpieza integral del puerto de Ushuaia.

Desde el organismo provincial sostienen que el pliego presenta numerosas inconsistencias técnicas y económicas, además de un presupuesto que califican como desproporcionado respecto de los antecedentes del servicio.

De acuerdo con los datos aportados por la DPP, el último contrato vigente antes de la intervención federal tenía un costo aproximado de $6,7 millones mensuales, mientras que la nueva licitación prevé una inversión de $560 millones por seis meses, equivalente a más de $90 millones mensuales, lo que representa un incremento superior al 1.200%.

Entre las principales observaciones figura que el pliego incorpora trabajos en "balcones, terrazas y azoteas", sectores que, según la Dirección Provincial de Puertos, no existen dentro de la infraestructura portuaria.

Asimismo, el organismo sostiene que parte de las tareas incluidas corresponden al mantenimiento edilicio que históricamente fue realizado por personal propio, pese a que actualmente esos trabajadores no pueden ingresar a las instalaciones mientras la intervención avanza con contrataciones privadas para ejecutar esas mismas labores.

La impugnación estará respaldada por un informe técnico elaborado por la Dirección Provincial de Puertos, donde se detallan diversas observaciones sobre el pliego licitatorio.

El documento señala que no se define con claridad el alcance de las tareas, ni la metodología de ejecución, los materiales, la cantidad de insumos o los mecanismos de control, aspectos que considera esenciales para garantizar la correcta prestación del servicio.

También cuestiona que se establezca una dotación mínima de 30 trabajadores, cifra que considera sobredimensionada para las necesidades operativas del puerto y que, a su criterio, incrementaría innecesariamente el costo de la contratación.

Además, el informe sostiene que las superficies detalladas no coinciden con las dimensiones reales de las instalaciones, lo que podría derivar en certificaciones superiores a las que realmente correspondan.

Entre las observaciones también se menciona la incorporación de sectores inexistentes, como balcones, terrazas, azoteas y parasoles, además de la falta de precisión sobre la provisión de determinados insumos, situación que —advierte la DPP— podría generar controversias durante la ejecución contractual e incluso abrir la posibilidad de un uso irregular de fondos públicos.

Otro de los cuestionamientos apunta a que la licitación limitaría la participación a empresas radicadas en Ushuaia, lo que, según el organismo provincial, podría afectar el principio de concurrencia entre oferentes.

La Dirección Provincial de Puertos también sostiene que las contrataciones impulsadas por la intervención son financiadas con recursos generados por la actividad portuaria fueguina, aunque actualmente esos fondos sean administrados por la Nación.

En paralelo, el organismo expresó su preocupación por la decisión de trasladar de manera permanente la operatoria de los catamaranes turísticos al muelle comercial tras detectarse inconvenientes estructurales en el muelle específico.

Según indicaron desde la DPP, ya existía un proyecto para intervenir los pilotes y recuperar plenamente esa infraestructura antes del inicio de la próxima temporada turística. Advirtieron además que mantener los catamaranes en el muelle comercial podría generar conflictos operativos durante la temporada de cruceros, al compartir ese espacio con embarcaciones de carga y pesca y reducir la disponibilidad de sitios de amarre.