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Los trabajadores del Puerto de Ushuaia denunciaron públicamente un presunto sobreprecio del 1.400% en la nueva licitación del servicio de limpieza y mantenimiento edilicio, impulsada por la administración nacional. Según sostienen, el contrato pasó de $79,8 millones anuales a $563,3 millones por apenas seis meses, lo que consideran un incremento injustificado que debería ser investigado por los organismos de control.
La controversia surgió luego de que los trabajadores difundieran un comunicado en el que cuestionan las medidas adoptadas tras la intervención federal en la administración del puerto fueguino. En el documento afirman que la nueva conducción, bajo la órbita nacional, impulsó una contratación cuyo costo representa un incremento cercano al 1.400% respecto del esquema vigente durante la administración provincial.
De acuerdo con la información aportada por los empleados, la entonces Dirección Provincial de Puertos (DPP) había adjudicado el servicio de limpieza por $79.878.678 durante doce meses, equivalente a unos $6,6 millones mensuales.
Sin embargo, sostienen que la nueva licitación promovida por la administración nacional asciende a $563.376.000 más impuestos por un período de seis meses, lo que elevaría el costo mensual a casi $94 millones, es decir, más de 14 veces el valor mensual del contrato anterior.
Los trabajadores aseguran que la diferencia presupuestaria "no resiste ningún análisis técnico ni económico" y reclamaron conocer cuáles son los fundamentos que justifican semejante incremento en el gasto público.
Además, manifestaron que la intervención nacional desplazó a las autoridades provinciales y sostuvieron que la recaudación del Puerto de Ushuaia habría sido derivada hacia una cuenta vinculada con la Administración General de Puertos (AGP) en liquidación, situación que, según denuncian, afecta directamente los recursos de la provincia: "La intervención no solo desplazó a las autoridades provinciales y dejó afuera a quienes sosteníamos diariamente el funcionamiento del puerto. También desvió su recaudación hacia una cuenta vinculada con AGP en liquidación", expresaron los trabajadores en el comunicado.
El conflicto también tiene un fuerte impacto social. Según indicaron, unas 140 familias permanecen en una situación de incertidumbre laboral mientras se modificó el esquema de funcionamiento de la terminal portuaria.
En ese contexto, los trabajadores consideran que la contratación forma parte de un proceso de "vaciamiento de los recursos del Puerto de Ushuaia" y advirtieron que, de mantenerse el mismo nivel de gasto durante un año completo, el contrato superaría los $1.126 millones más impuestos.
Finalmente, solicitaron la intervención de la Justicia y de los organismos de control, al entender que la significativa diferencia entre ambos contratos podría constituir indicios de presuntos sobreprecios, administración fraudulenta, malversación de fondos públicos y hechos de corrupción.
Asimismo, reclamaron "transparencia absoluta" en la administración del puerto y remarcaron que los recursos generados por la terminal "pertenecen al pueblo de Tierra del Fuego".
