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La incertidumbre se convirtió en la principal preocupación de los trabajadores de Aires del Sur, quienes permanecen a la espera de una definición del juez Horacio Boccardo que podría marcar el futuro de la planta. Mientras tanto, los operarios realizan tareas de inventario y mantenimiento preventivo para garantizar que las líneas de producción puedan reactivarse de manera inmediata si la Justicia autoriza el inicio de un acuerdo de fasón con la empresa Athuel.
El delegado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Maximiliano Uriona, explicó que el objetivo inmediato es obtener la autorización judicial para iniciar seis meses de continuidad productiva, un período considerado fundamental para sostener el empleo de 122 trabajadores mientras avanza una solución definitiva: "Necesitamos esos seis meses de trabajo para los 122 compañeros que firmaron y que, durante ese tiempo, se pueda vender la unidad productiva con los trabajadores adentro", afirmó el dirigente gremial.
La estrategia planteada por los trabajadores contempla dos objetivos centrales. El primero consiste en lograr el aval del magistrado para comenzar a producir junto a Athuel, empresa que aportaría la materia prima. El segundo apunta a concretar la venta definitiva de la fábrica, garantizando la continuidad laboral de todo el personal.
Según explicó Uriona, la empresa interesada manifestó su disposición a avanzar, aunque condicionó el inicio de las actividades a la autorización de la Justicia. Una vez obtenido ese visto bueno, comenzaría la planificación técnica para adaptar la producción a los requerimientos del cliente.
Mientras aguardan la resolución judicial, los operarios continúan con el relevamiento de materiales, repuestos, productos terminados y scrap existente dentro de la planta.
El delegado aclaró que todos esos bienes quedarán bajo la órbita de la sindicatura y serán vendidos mediante el mecanismo que determine el proceso judicial, ya sea subasta o remate: "Eso por ley pertenece a los trabajadores. Hay que ser claros: pertenece a los 147 trabajadores, no solamente a quienes seguimos sosteniendo la lucha", sostuvo.
Uriona también cuestionó la falta de contacto entre los trabajadores y el juez Horacio Boccardo, indicando que las comunicaciones se realizan exclusivamente a través del síndico y los abogados de la causa.
Mientras tanto, los operarios cumplen con todas las tareas requeridas tanto por la empresa interesada como por el juzgado, con el objetivo de demostrar que la planta está en condiciones de retomar la actividad apenas exista una resolución favorable.
Además del mantenimiento, el inventario busca liberar espacios dentro de la fábrica para facilitar el ingreso de materia prima en caso de concretarse el acuerdo con Athuel.
Más allá del conflicto judicial, el impacto económico sobre las familias metalúrgicas continúa agravándose.
Uriona describió una realidad marcada por la imposibilidad de afrontar gastos básicos: "Hoy tenemos la urgencia de darle comida a nuestras familias. Hay compañeros que tienen que pagar alquiler y no saben cómo hacerlo", expresó.
A esta situación se suma, según denunció, la quita de las asignaciones familiares que percibían numerosos trabajadores.
El delegado cuestionó la decisión de ANSES, señalando que desde abril dejaron de abonarse prestaciones destinadas a hijos de trabajadores, incluso en casos de discapacidad: "Seguimos esperando que la actual gestión de ANSES reconozca su error y pague las asignaciones de todos los chicos, con o sin discapacidad, que fueron dadas de baja", reclamó.
Finalmente, Uriona reconoció el desgaste que provoca sostener un conflicto laboral durante varios meses sin ingresos estables.
El dirigente destacó la solidaridad entre los trabajadores y pidió comprensión hacia quienes deben buscar changas para sostener a sus familias mientras continúa el reclamo: "Sostener una lucha sin recursos es lo peor que existe. Hay compañeros que hoy tienen que salir a buscar trabajo para poder comer, y eso también hay que entenderlo", concluyó.
