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El 9 de julio de 2024, el presidente Javier Milei y 18 gobernadores firmaron en la Casa Histórica de Tucumán el denominado Pacto de Mayo, un acuerdo compuesto por 10 ejes estratégicos destinados a impulsar reformas económicas, fiscales e institucionales. Dos años después, el Gobierno exhibe algunos avances, aunque varios de los compromisos centrales continúan sin concretarse.
El Pacto de Mayo nació como una propuesta para establecer las bases de una transformación estructural del país. Aunque originalmente iba a firmarse el 25 de mayo de 2024 en Córdoba, las negociaciones por la Ley Bases y las tensiones entre la Nación y las provincias postergaron la firma hasta el 9 de julio, en Tucumán.
Como parte de ese acuerdo se creó el Consejo de Mayo, integrado por representantes del Gobierno nacional, las provincias, el Congreso, los sindicatos y el sector empresario, con la misión de convertir los diez puntos en proyectos legislativos.
Entre los principales logros que destaca el Gobierno figura la aprobación de la reforma laboral, sancionada por el Congreso y promulgada en marzo de este año.
Otro de los puntos que la administración libertaria considera cumplido es el equilibrio fiscal. Según datos oficiales del Ministerio de Economía, el Estado nacional mantiene superávit primario y financiero, producto de una fuerte reducción del gasto público.
No obstante, distintos informes privados advierten que parte de ese equilibrio se alcanzó mediante una significativa disminución de las transferencias nacionales a las provincias, que debieron absorber mayores costos para sostener servicios esenciales.
También se registraron avances en la apertura comercial y en la promoción de inversiones mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que ya adhirieron 16 provincias para potenciar proyectos vinculados principalmente a la minería y los hidrocarburos.
En materia de recursos naturales, el Gobierno considera que el desarrollo de sectores como Vaca Muerta y el crecimiento de la actividad minera en provincias del norte representan un avance respecto al compromiso asumido en el Pacto.
Pese a esos avances, varios de los principales compromisos continúan sin concretarse.
Entre ellos sobresale la reforma tributaria, orientada a reducir la presión impositiva y simplificar el sistema fiscal.
También permanece pendiente la reforma previsional, considerada una de las iniciativas más complejas por su impacto económico y político.
Otro de los puntos sin resolución es la reforma de la coparticipación federal, una discusión que continúa abierta entre la Nación y los gobernadores, aunque todavía no existe un proyecto consensuado.
A ello se suma la iniciativa sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, cuyo tratamiento legislativo continúa demorado en el Congreso.
Respecto del objetivo de reducir el gasto público al 25% del Producto Bruto Interno (PBI), distintos informes económicos señalan que, si bien hubo un fuerte ajuste fiscal, ese nivel aún no fue alcanzado.
En el área educativa, el Gobierno destacó mejoras en los resultados de las Pruebas Aprender 2025, especialmente en Lengua y Matemática, aunque todavía resulta prematuro evaluar si ello implica el cumplimiento pleno del objetivo de lograr una educación moderna, útil y con alfabetización plena.
A dos años de su firma, el Pacto de Mayo presenta un balance mixto. Mientras el Gobierno exhibe avances en materia de equilibrio fiscal, reforma laboral, apertura económica e inversiones, todavía enfrenta desafíos importantes para concretar reformas estructurales como la tributaria, la previsional y la coparticipación federal, consideradas claves para completar el programa de transformación impulsado por la administración de Javier Milei.
