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El exdiputado nacional José Luis Espert deberá presentarse este martes ante la Justicia Federal de San Isidro para prestar declaración indagatoria en una causa en la que se lo investiga por el presunto delito de lavado de activos. La citación fue solicitada por el fiscal Fernando Domínguez y está relacionada con una transferencia de USD 200.000 proveniente de una empresa vinculada al empresario Federico "Fred" Machado, actualmente detenido en Estados Unidos.
La audiencia fue fijada para las 10:30 ante el juez federal Lino Mirabelli, quien lleva adelante la investigación iniciada tras detectarse una transferencia de USD 200.000 a una cuenta bancaria de José Luis Espert en los Estados Unidos.
Según la causa, el dinero fue enviado por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una empresa que, de acuerdo con la investigación judicial, integraría una estructura utilizada para presuntamente blanquear dinero y que estaría vinculada al empresario Federico "Fred" Machado.
Machado permanece detenido en una cárcel del estado de Texas, donde aceptó declararse culpable por lavado de activos y fraude, evitando así ser juzgado por narcotráfico, un delito que contempla penas considerablemente más severas en la legislación estadounidense.
La investigación también tiene como imputados a Mariano Alejandro Cosentino y a Varianza S.A., sociedad constituida por Espert junto a su esposa, María de las Mercedes González.
De acuerdo con la acusación, Cosentino habría participado como "partícipe necesario", al suscribir documentación que la fiscalía considera falsa respecto del origen de los fondos utilizados posteriormente en operaciones comerciales e inmobiliarias.
Por su parte, Espert siempre sostuvo que el dinero tenía un origen lícito y presentó como respaldo un contrato de prestación de servicios por aproximadamente un millón de dólares, firmado con la empresa Minas del Pueblo, radicada en Guatemala, cuyo representante era el propio Fred Machado.
Sin embargo, la fiscalía sostiene que el exlegislador no pudo acreditar la efectiva prestación de esos servicios, ya que no logró demostrar viajes ni actividades desarrolladas en Guatemala vinculadas con el contrato presentado.
En ese contexto, el fiscal Fernando Domínguez sospecha que Minas del Pueblo habría funcionado como una empresa pantalla destinada a justificar operaciones económicas mediante la emisión de facturación por servicios presuntamente inexistentes.
La declaración indagatoria prevista para este martes constituye una instancia clave dentro del expediente, ya que permitirá al imputado ejercer su derecho de defensa y brindar su versión sobre los hechos investigados.
