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La Sala Penal de la Cámara de Apelaciones resolvió rechazar la recusación presentada contra la jueza Cecilia Cataldo, quien continuará al frente de la investigación por los graves hechos ocurridos el pasado 9 de mayo en la Unidad de Detención de Río Grande, donde tres internos resultaron gravemente heridos tras presuntas golpizas y vejaciones.
La decisión fue adoptada luego del planteo realizado por los abogados Maximiliano Palladino y Francisco Ibarra, quienes solicitaron el apartamiento de la magistrada en el marco de la causa que investiga las lesiones sufridas por Jonathan Gastón Burgoa, su hijo Maxi Burgoa y Pedro Jesús Flores.
No obstante, el expediente aún tiene cuestiones pendientes de definición. El abogado Maximiliano Palladino explicó que la Cámara todavía debe resolver el pedido de nulidad de las entrevistas realizadas a los internos y la recusación presentada contra el fiscal Mayor Bramatí.
"Después que se definan estas cuestiones esperamos que se tome declaración a las víctimas sobre todo lo que sucedió", manifestó el letrado.
Palladino sostuvo que las primeras entrevistas a los internos Burgoa y Flores fueron realizadas directamente por la jueza sin la participación de la defensa, situación que motivó el pedido de nulidad.
Además, indicó que mientras algunas declaraciones fueron tomadas mediante Cámara Gesell, otras manifestaciones fueron incorporadas a la causa a través de entrevistas previas sin control de las partes, lo que, según la defensa, constituye una violación al derecho de defensa de los imputados.
El abogado representa a Enoc Perpetto y a Máximo Perpetto, junto a Francisco Ibarra. Ambos también solicitaron el apartamiento del fiscal Mayor Bramatí, un planteo que coincide con el realizado por el defensor oficial Marcelo Scola, quien interviene en representación de integrantes del Servicio Penitenciario.
Tras los hechos registrados en la Unidad de Detención de Río Grande, ocho integrantes del Servicio Penitenciario fueron apartados preventivamente de sus funciones al quedar imputados en la causa penal.
Asimismo, diez internos del Pabellón B también fueron involucrados en la investigación como presuntos autores de los actos de violencia y de las vejaciones denunciadas contra los tres detenidos.
En el marco de la investigación, la jueza Cataldo solicitó al Gobierno provincial que se adopten medidas para garantizar la integridad física y psicológica de Jonathan Gastón Burgoa, Maxi Burgoa y Pedro Jesús Flores, quienes permanecen alojados en dependencias de Ushuaia.
Según consta en la causa, los tres internos se negaron inicialmente a radicar la denuncia por temor a sufrir represalias, motivo por el cual el Ministerio Público Fiscal y el Juzgado iniciaron la investigación de oficio.
Si bien estaba previsto que prestaran declaración testimonial, los peritos forenses del Poder Judicial recomendaron postergar esa instancia al considerar que las víctimas no se encontraban en condiciones psicológicas de relatar lo sucedido debido al temor manifestado tras los hechos.
