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La investigación por la brutal golpiza sufrida por tres internos en la Unidad de Detención de Río Grande continúa sumando planteos judiciales. Luego de la recusación presentada contra el Fiscal Mayor Martín Bramati, ahora la defensa de dos de los diez reclusos imputados solicitó el apartamiento de la jueza Cecilia Cataldo, quien deberá resolver ambos pedidos en los próximos días.
La causa que investiga los hechos ocurridos el pasado 9 de mayo en el pabellón B de la Unidad de Detención atraviesa una nueva instancia de controversia judicial.
Días atrás, el defensor oficial Marcelo Scola, en representación de los siete agentes penitenciarios imputados por presunta convivencia con los internos que protagonizaron la agresión, presentó la recusación del Fiscal Mayor Martín Bramati. Ese planteo todavía no fue contestado por el representante del Ministerio Público Fiscal y deberá ser resuelto por la jueza Cecilia Cataldo.
En paralelo, durante esta semana continuó la recepción de testimonios en la causa y estaba previsto que declararan las tres víctimas del ataque. Sin embargo, antes de la audiencia los internos mantuvieron un encuentro con la magistrada y un gabinete interdisciplinario del Poder Judicial, que finalmente recomendó que no prestaran declaración debido al temor que manifestaban y al riesgo de revictimización.
Si bien la causa permanece bajo secreto de sumario, las defensas continúan teniendo acceso a las actuaciones y a las declaraciones testimoniales que se incorporan al expediente. No obstante, la audiencia previa mantenida entre las víctimas, la jueza y los profesionales del Poder Judicial se desarrolló de manera reservada.
Esta situación motivó el planteo del abogado Francisco Ibarra, defensor de los internos Perpetto, quien sostuvo que al no poder participar de ese encuentro se afectó el derecho de defensa y el control de la prueba.
Aunque durante esa reunión no se produjo prueba formal ni se recibieron declaraciones de los damnificados, el letrado resolvió presentar la recusación de la jueza Cecilia Cataldo.
Ahora será la propia magistrada quien deberá pronunciarse sobre este nuevo planteo durante la próxima semana, en una investigación que continúa sumando cuestionamientos procesales y que se presenta cada vez más compleja.
