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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la cautelar que obliga al Estado nacional a cumplir parcialmente con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, al rechazar una apelación presentada por el Gobierno por considerar que no existía una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron el recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo y mantuvieron vigente la medida cautelar dictada previamente por la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal.
La decisión judicial sostiene, en esta etapa del proceso, la aplicación de los artículos 5 y 6 de la normativa, los cuales establecen la actualización salarial para docentes y no docentes universitarios y la recomposición de programas destinados a estudiantes de las universidades públicas.
La causa se originó a partir de un amparo colectivo impulsado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas casas de estudio del país, quienes solicitaron la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, norma mediante la cual el Gobierno había condicionado la aplicación de la ley a la determinación de fuentes específicas de financiamiento.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había entendido que el Estado no logró demostrar que la cautelar fuera improcedente y consideró que el incumplimiento de la ley podía provocar perjuicios graves para el sistema universitario, afectando particularmente el derecho a enseñar y aprender.
Los magistrados también señalaron que el Congreso había insistido en la sanción de la ley y que el Poder Ejecutivo resistía su aplicación mediante una normativa de jerarquía inferior.
Sin embargo, la resolución de la Corte no tendrá efectos económicos inmediatos debido a que el Gobierno nacional ya había firmado un acuerdo con universidades y gremios del sector.
El pasado 10 de junio de 2026, el Poder Ejecutivo suscribió un acta mediante la cual se comprometió a transferir fondos destinados a una recomposición salarial del 24,33%, un incremento del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios hasta alcanzar los 50.000 millones de pesos.
Además, el acuerdo incluyó una actualización del 50% para las Becas Manuela Belgrano y el compromiso de continuar las negociaciones paritarias con docentes y no docentes universitarios.
La cautelar ratificada por la Corte no contempla la totalidad de los puntos establecidos en la Ley de Financiamiento Universitario. Quedaron excluidos aspectos vinculados con la recomposición presupuestaria general para los años 2024 y 2025 y otros programas de asistencia previstos en la normativa.
De esta manera, el máximo tribunal dejó vigente la orden judicial para cumplir con parte de la ley mientras continúa el trámite de la causa principal, en la que deberá resolverse la constitucionalidad o no del decreto 75
9/2025 y la aplicación integral de la norma aprobada por el Congreso Nacional.
