El Fiscal de Estado avaló la acción judicial contra la ANPYN

La demanda que enfrenta a la Provincia de Tierra del Fuego con la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) por la intervención federal del muelle de Ushuaia quedó en condiciones de avanzar, luego de que el Fiscal de Estado ratificara la legitimidad del accionar del Ejecutivo provincial ante la Justicia Federal.

El pasado viernes 6 de febrero, la Fiscalía de Estado presentó ante el Juzgado Federal la contestación al traslado dispuesto por el juez Federico Calvete. En el escrito, el Fiscal de Estado, Virgilio Juan Martínez de Sucre, respaldó de manera expresa la actuación del gobernador, quien promovió la acción de inconstitucionalidad contra la ANPYN sin la intervención directa de ese organismo.

En su presentación, el Fiscal fue categórico al rechazar la existencia de un defecto de representación y sostuvo que el Ejecutivo provincial se encuentra constitucionalmente habilitado para representar a la Provincia ante la Justicia Federal. En ese sentido, solicitó que el expediente continúe su curso normal y que no se incorporen exigencias formales que, a su entender, solo contribuirían a dilatar la resolución de un conflicto sensible.

La demanda fue iniciada a fines de enero por el gobernador, en respuesta a una resolución de la ANPYN que, según sostiene la Provincia, afecta de manera directa sus competencias constitucionales y el control sobre el sistema portuario. En ese marco, el Ejecutivo también solicitó una medida cautelar para frenar los efectos del acto nacional, advirtiendo sobre la pérdida diaria de recursos y su impacto presupuestario.

Antes de avanzar sobre el fondo del planteo, el tribunal decidió dar intervención al Ministerio Público Fiscal. Fue allí donde surgió la controversia, ya que la Fiscalía Federal consideró que la ausencia de la Fiscalía de Estado en la representación provincial podría constituir una irregularidad y sugirió que se regularizara esa situación.

Frente a ese dictamen, Martínez de Sucre sostuvo que la facultad del gobernador para litigar en nombre de la Provincia no puede quedar condicionada por interpretaciones que terminen restringiendo el acceso a la jurisdicción federal. Además, recordó que la organización de la defensa judicial provincial es una atribución no delegada al Estado Nacional.

El Fiscal de Estado también remarcó que su organismo no actúa como apoderado automático del gobierno de turno, sino como un órgano de control de legalidad con independencia funcional. Esa autonomía, explicó, habilita que en determinados casos la Fiscalía no asuma la representación procesal sin que ello invalide la actuación del Poder Ejecutivo.

En el escrito se citan antecedentes en los que el gobernador litigó sin la intervención directa de la Fiscalía de Estado, tanto en el ámbito provincial como federal, sin que ello fuera objetado por los tribunales. Asimismo, se advirtió que una interpretación restrictiva podría generar demoras, conflictos internos e incluso un “veto” institucional no previsto por la Constitución.

Por ese motivo, el Fiscal solicitó que se tenga por ratificada la actuación del gobernador y que la causa continúe en el estado en que se encuentra. En forma subsidiaria, y para evitar riesgos procesales, planteó la posibilidad de excusarse y designar un Fiscal de Estado subrogante si el tribunal insistiera en exigir esa intervención.

Ahora será el turno del Juzgado Federal de resolver si acepta este criterio y permite que el expediente avance, o si reabre el debate sobre la representación legal. De esa decisión dependerá no solo el ritmo del proceso, sino también el alcance concreto de la autonomía provincial frente a las decisiones del Estado Nacional.