Escándalo ANDIS: el Gobierno vuelve a contratar a Suizo Argentina pese a la investigación por sobreprecios

Casi tres meses después del escándalo de licitaciones direccionadas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker, vuelve a participar de procesos de compra con el Estado nacional. La decisión genera controversia mientras la investigación judicial continúa en curso.

En agosto de 2025, audios adjudicados al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, revelaron un presunto esquema de corrupción, donde Suizo Argentina figuraba como eje central de licitaciones amañadas y desvío de fondos. La justicia confirmó que los procesos de compra estaban direccionados, con sobreprecios y acuerdos entre laboratorios.

Según el portal Comprar, Suizo Argentina participó en dos recientes procesos del Ministerio de Salud. El primero, para insumos de hemodinamia infantil destinados al Hospital Posadas, ya fue aprobado, con una oferta de 250 millones de pesos. El segundo, relacionado con insumos para neurocirugía con aparatología a préstamo, se encuentra en evaluación, con un presupuesto cercano a 37 millones de pesos.

El fiscal Franco Picardi, en su dictamen, detalló un sistema de “discrecionalidad, direccionamiento, cartelización y sobreprecios” en ANDIS, con Suizo Argentina como protagonista. Según la investigación, la droguería coordinaba con otros laboratorios las compulsas a las que se presentaban y se comunicaban sobre los montos a cotizar, práctica que se refería en los chats internos como “los helvéticos”.

Picardi enfatizó el rol de Sebastián Nuner Uner, gerente de asuntos corporativos de Suizo Argentina, como enlace entre la empresa y los funcionarios de ANDIS, incluyendo a Pablo Atchabahian y Daniel Garbellini, presuntos responsables del direccionamiento de licitaciones. El fiscal describió a Nuner Uner como un engranaje clave en la relación con organismos estatales y en la ejecución del esquema irregular.

A pesar del dictamen judicial y la polémica mediática, la droguería busca retomar las contrataciones con el Estado de manera sigilosa, mientras la causa continúa su curso tras la feria judicial de enero. La situación evidencia una contradicción entre la investigación judicial y la continuidad de los negocios públicos, generando cuestionamientos sobre la supervisión y control de las licitaciones estatales.

Como destaca el caso, “business as usual” parece ser la práctica en un escenario donde la justicia sigue investigando mientras las operaciones comerciales con el Estado no se detienen.