Denuncian a la Clínica San Jorge por limitar cupos a afiliados de OSEF
La Vocalía de OSEF denunció a la Clínica San Jorge por imponer cupos arbitrarios de atención y discriminar a afiliadas/os. Solicitan medidas urgentes para garantizar la cobertura.
La Vocalía por el sector activo de OSEF presentó una denuncia formal ante la presidenta Mariana Hruby y el vicepresidente Gustavo García por prácticas discriminatorias de la Clínica San Jorge. Según el comunicado, la institución estaría limitando arbitrariamente la atención ambulatoria a solo siete pacientes por día, incumpliendo el convenio vigente y poniendo en riesgo la salud de las familias trabajadoras.
Desde la Vocalía de OSEF denunciaron que la Clínica San Jorge viola el convenio firmado en septiembre de 2025, que obliga al prestador a brindar atención integral a todos los afiliados. La medida, señalan, establece cupos de manera arbitraria y no tiene respaldo contractual.
La limitación afecta únicamente a pacientes de OSEF, mientras que otras obras sociales y prepagas no tienen restricciones, lo que constituye, según la Vocalía, una discriminación por cobertura. “No vamos a permitir que la salud de las familias trabajadoras sea utilizada como rehén de intereses económicos ni como moneda de cambio en una mesa de negociación”, advirtieron desde la institución.
El modelo de pago por prestación refuerza la preocupación: cada paciente genera ingresos para la clínica, por lo que la restricción de siete turnos diarios se interpreta como una medida de presión injustificada. La Vocalía insiste en que la salud es un derecho y no puede ser objeto de arbitrariedades económicas.
OSEF solicitó al Directorio que adopte medidas inmediatas: intimar a la clínica a cesar los cupos, sancionar formalmente los incumplimientos y transparentar las decisiones políticas de sus integrantes. “Si el Gobierno Provincial, a través de sus representantes en el Directorio, no frena este abuso, será el único responsable político de dejar desprotegidos a miles de trabajadores estatales”, afirmó Adriana Soria, vocal representante de los trabajadores activos.
La denuncia pone en evidencia un conflicto creciente entre prestadores privados y la obra social estatal, y abre el debate sobre la protección de los derechos de salud frente a intereses económicos. La Vocalía aseguró que mantendrá un seguimiento estricto hasta que se garantice la cobertura completa de todos los afiliados.
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