El municipio de Vuoto se queda con el 5% del cobro de entradas al Parque Nacional

En una sesión cargada de tensiones, el Concejo Deliberante de Ushuaia aprobó por mayoría el convenio firmado entre el Municipio y la Administración de Parques Nacionales, que habilita al Instituto Municipal de Deportes a cobrar el ingreso al Parque Nacional Tierra del Fuego. La medida fue cuestionada por bloques opositores que denunciaron irregularidades en el procedimiento y señalaron un nuevo avance recaudatorio de la gestión que encabeza Walter Vuoto.

Ayer por la tarde, el Concejo Deliberante de Ushuaia celebró una Sesión Especial convocada por el bloque oficialista para ratificar el convenio entre el Instituto Municipal de Deportes (IMD) y la Administración de Parques Nacionales (APN). El acuerdo, ya vigente desde enero pasado, permite al municipio hacerse cargo del cobro de acceso, atención a visitantes y mantenimiento de ciertas instalaciones dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego.

La votación resultó en 6 votos afirmativos (PJ y Forja) y 5 negativos por parte de ediles de LLA, MPF, Somos Fueguinos y Provincia Grande, quienes expresaron un contundente rechazo al mecanismo utilizado para legitimar el convenio. Según denunciaron, la firma del acuerdo se dio sin consulta previa, sin pasar por las comisiones correspondientes y con una convocatoria a sesión que evitó el debate legislativo profundo.

El documento en cuestión, firmado en abril por la entonces autoridad nacional de APN, Cristian Larsen, y la secretaria de Turismo Viviana Manfredotti en representación del IMD, prevé que el municipio retenga el 5% de lo recaudado por las entradas, además de recibir reintegros por los servicios prestados, como atención turística y personal.

El convenio fue presentado en el marco del programa municipal ‘Tiempo Libre y Recreación’ y otorga al IMD funciones que van desde la información a visitantes hasta la contratación de personal y mantenimiento de instalaciones asignadas. Su duración es de un año, con posibilidad de prórroga.

Desde el oficialismo, se defendió la medida alegando que mejora la prestación de servicios y permite un uso más eficiente de los recursos. Sin embargo, la oposición advirtió que se trata de un avance del Ejecutivo sobre un área nacional, con fines recaudatorios, y que no hubo participación institucional adecuada.

Además, se puso en duda la legalidad de que un organismo municipal, como el IMD, recaude fondos por una actividad en un territorio de jurisdicción nacional, sin contar con una ordenanza sancionada bajo los canales normales.