Camioneros chilenos pagan más de $100.000 para entrar y salir del territorio argentino

A pesar del histórico acuerdo de Libre Circulación firmado en 1974 entre Chile y Argentina, que aseguraba el tránsito sin restricciones para camiones que cruzan entre ambos países, hoy el paso por el territorio nacional implica costos que superan los $100.000 por camión. Estos incluyen tasas migratorias, servicios de SENASA y cargos por horarios de cruce, lo que encarece el transporte y genera tensiones políticas.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció que impulsará un proyecto de ley para que su provincia pueda cobrar una tasa de mantenimiento a los camiones chilenos que utilizan la ruta 40, una vía fundamental pero deteriorada por el tránsito pesado. “Vamos a enviar un proyecto para que la Legislatura autorice a Chubut a cobrar por el desgaste causado. No atacar el problema ahora implica que la ruta estará en malas condiciones en pocos años”, afirmó Torres, quien aspira a saltarse el acuerdo bilateral vigente desde 1976.

Desde Magallanes, Jaime Cárdenas, presidente de la Unión de Transportistas de Magallanes (Utramag), replicó "nosotros no somos el problema. Ya pagamos al entrar y salir de Argentina y circulamos con cargas por debajo de la norma. Mientras tanto, los camiones argentinos llevan cargas mucho mayores y las rutas argentinas están en mal estado”. Cárdenas destacó además el maltrato que sufren sus colegas en las rutas argentinas, que van desde insultos hasta ataques físicos, situación que atribuye a la desinformación y falsas acusaciones políticas.

El contraste es evidente, mientras Chile invirtió cerca de 30.000 millones de dólares en sus rutas en las últimas tres décadas, Argentina mantiene en abandono la ruta 40, vital para la circulación y comercio regional. En paralelo, el país trasandino avanza en un ambicioso proyecto de conexión con puentes y barcazas para mejorar la conectividad en Tierra del Fuego, con un presupuesto estimado en 10.000 millones de dólares y un horizonte de medio siglo.

Esta disparidad profundiza el conflicto sobre quién debe asumir los costos del tránsito y mantenimiento, poniendo en jaque la histórica libre circulación entre ambos países.