Rivarola denuncia que el Decreto sobre el aporte a cámaras empresarias desfinancia la capacitación

En una entrevista con Radio Provincia, el secretario General del Centro de Empleados de Comercio de Río Grande, Daniel Rivarola, expresó su rechazo al Decreto 149/2025, que suspende el aporte solidario a las cámaras empresarias para el financiamiento del Instituto Argentino de Capacitación para el Comercio (INACAP). Rivarola calificó la medida de "ilegal e inconstitucional" y anticipó que las cámaras afectadas llevarán el caso a la justicia.

En ese marco, Daniel Rivarola, en representación de los empleados de comercio de la región, cuestionó fuertemente el Decreto 149/2025, que suspende la cuota obligatoria que los empresarios debían pagar para financiar al INACAP. Este aporte, equivalente al 0,5% del salario de cada empleado, ha sido clave en la capacitación del sector desde 2008, beneficiando a 1,2 millones de trabajadores a nivel nacional.

“Este decreto es ilegal e inconstitucional porque se está metiendo en acuerdos entre privados. El INACAP ha sido financiado por este aporte y la medida desfinancia este sistema de formación profesional”, explicó Rivarola, aludiendo a la falta de una justificación clara para suspender un acuerdo que ha sido formalizado legalmente.

El INACAP, que ha sido fundamental para la capacitación de los empleados del comercio, ahora enfrenta un futuro incierto. Rivarola destacó que, al eliminarse la cuota obligatoria, no solo se afectaría la capacidad del instituto para capacitar, sino que se desvirtuaría un acuerdo colectivo que involucra a todos los trabajadores, estén o no afiliados a la cámara correspondiente.

Rivarola también indicó que la medida fue impulsada por empresarios que no estaban conformes con este aporte y adelantó que las cámaras afectadas llevarán el tema a los tribunales "las Cámaras, como la CAME, se verán perjudicadas, y ya están tomando acciones legales al respecto”, señaló el dirigente.

El secretario del Centro de Empleados de Comercio concluyó que esta decisión del gobierno es una clara intromisión en el ámbito privado, algo que contradice los principios de libertad que se suelen defender en otros contextos "el Estado no debe meterse en acuerdos entre partes que han sido legalmente homologados, y mucho menos dictar medidas que afecten la capacitación de los trabajadores”, sentenció.