Dos provincias patagónicas se enfrentan por la pesca ilegal de barcos chinos

La falta de una política pesquera clara y sostenida en el tiempo provoca que la Argentina deje de lado una fuente de ingresos que, además, significaría una importante entrada de dólares que generaría el incremento de las exportaciones.

 Esta situación de inacción por parte de los distintos gobiernos que es aprovechada por flotas marítimas de otros países que se benefician a través de la pesca ilegal dentro del mar argentino por la falta de controles.

En este contexto, dos provincias patagónicas se enfrentan a raíz del acuerdo firmado por una de ellas con una empresa china que es una de las más importantes del negocio pesquero a nivel mundial.

La Cámara de Flota Amarilla de Chubut (CAFACH) elevará al Ejecutivo Nacional un pedido formal para que intervenga en el acuerdo que se está gestando entre la provincia de Santa Cruz y un gigante pesquero chino que busca asistir desde puertos provinciales a cientos de embarcaciones que pescan al borde de la Zona Económica Exclusiva.

Desde la entidad calificaron como “negociado” el acuerdo que está en marcha.

Afirman que la falta de controles nacionales podría desencadenar un saqueo sin precedentes de los recursos en aguas nacionales.

Según la entidad, a principio de mes, durante una gira por el país asiático, el gobernador santacruceño, Claudio Vidal, firmó una Carta de Intención con la empresa “Hongdong Fisheries Co Ltd”, la cual, con una flota de 161 buques, se destaca como la segunda empresa pesquera más importante del mundo (detrás de la también china “National Fisheries Corp”, que cuenta con más de 250 buques), para llevar adelante un acuerdo de inversión que “contempla la modernización de la infraestructura portuaria, incluyendo mejoras en los cinco puertos provinciales, la construcción de astilleros y el desarrollo de nuevas plantas pesqueras” en la provincia.

En definitiva, la iniciativa propone abastecer desde puertos patagónicos a los cerca de 500 buques que pescan en la “Milla 201?, en el borde externo de la Zona Económica Exclusiva nacional.

Sin embargo, el proyecto puso en alerta a cámaras y empresas nacionales, que no tienen en claro el alcance del proyecto y especulan con que solo termine favoreciendo, con servicios, reparación, combustibles y provisiones, a la numerosa flota china que no sólo se entromete ilegalmente del lado del borde interno de la ZEE, depredando los recursos delas aguas nacionales y afectando gravemente la biomasa dentro del Mar Argentino, sino que tiene a cientos de trabajadores ejerciendo sus tareas en condiciones indignas.

En ese marco, Gustavo González, Presidente de la CAFACH adelantó que le exigirán formalmente al Estado Nacional “que eleve un pedido de acceso a la información pública amparado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, y que está regulado a nivel nacional por la Ley 27.275 para conocer los alcances del memorando celebrado”.

En ese sentido, si bien el referente de la industria pesquera nacional reconoce que se trata de una muy buena oportunidad para mejorar y actualizar la infraestructura portuaria de la Patagonia y que permitiría generar muchas nuevas fuentes laborales en talleres y plantas procesadoras, así como sendos ingresos económicos a la región y al país en general”, señaló que lo que los preocupa es “la poca información que existe sobre la iniciativa y sus alcances en el mal sentido”.

En primer lugar, Gonzalez señaló que “hoy nuestro país carece totalmente de los controles necesarios como para permitir que se celebre un acuerdo de estas características” y agregó que “de entrada, se generaría una competencia desleal entre los barcos poteros nacionales (que realizan tareas extractivas cumpliendo con numerosas normas estipuladas en el Convenio Colectivo de Trabajo) y los buques asiáticos (que tienen a sus trabajadores en precarias condiciones laborales), lo que les permite a éstos últimos abaratar costos en la comercialización de sus productos”.

En segundo lugar, el especialista señaló que “actualmente la falta de estructura nacional hace inviable el monitoreo claro y preciso sobre el desempeño que tendrían esas embarcaciones luego de abastecerse en aguas argentinas, poniendo en riesgo el trabajo de los barcos nacionales y la biomasa de nuestro mar”.

El titular de la flota amarilla de Chubut explicó que el pedido de informes no tiene un objetivo destructivo, sino que lo que se busca es que el Gobierno nacional colabore para frenar el proyecto, ayude a fortalecer los canales de acceso a la información pública y tutele la iniciativa para que, si se concreta un acuerdo futuro, no extinga a la industria pesquera nacional.