Presos desconectados: Córdoba busca exterminar celulares en las cárceles

El Gobierno de Córdoba enfrenta una fuerte crisis penitenciaria que se llevó por delante buena parte de una cúpula histórica del Servicio Penitenciario provincial (SPC). Bajo ese contexto, la administración provincial ha propinado cambios severos de personal, como así también de estrategias que permitan brindar más transparencia a los establecimientos.

El descubrimiento de numerosos “kioscos” que permitían comerciar mercancías y servicios entre funcionarios y convictos reveló un profundo nivel de corrupción. Algo que se volvió especialmente favorable a la crítica opositora hacia la gestión de la seguridad, una materia que el oficialismo tiene pendiente.
 
Bajo ese contexto, las comunicaciones clandestinas han sido una de las actividades apuntadas. Se trata de presos hablando libremente con el exterior e impartiendo órdenes para continuar con sus organizaciones delictivas.

Todo ello, claro, gracias a la presencia de celulares. En muchos casos, teléfonos robados que son introducidos incluso por los propios agentes penitenciarios a cambio de dinero, aunque también por familiares y visitas.
 
Al respecto, en Argentina se introdujo hace tiempo bloqueadores de señal como la principal lucha tecnológica contra la presencia de teléfonos clandestinos. Sin embargo, esa estrategia se encontró con un problema estructural como son las urbanizaciones cercanas a los predios carcelarios.
 
Córdoba va por el bloqueo doble

La potencia de los bloqueadores actuales ha generado problemas, sobre todo en establecimientos cercanos a las ciudades. Así, dicho sistema se volvió motivo de disputa entre empresas de prestación, consumidores legítimos y las instituciones penitenciarias.

 Atentos a ello, en Córdoba se comenzó un proceso para incorporar un nuevo sistema que permita combatir los teléfonos clandestinos. Se trata de un servicio de detección remota de alta intensidad que permitiría reconocer cada aparato, su ubicación exacta y lograr su “destrucción” virtual mediante el código Imei, un número de identificación única de cada aparato, todo ello en conexión con las compañías de comunicación.

 Según precisó el medio cordobés La Voz, el Gobierno provincial ya tendría en marcha licitaciones para poder poner en funcionamiento dicho sistema. El mismo funcionará en coordinación directa con el ENACOM y a modo de prueba durante 12 meses.

De esa manera, Córdoba daría un primer paso importante en materia de seguridad carcelaria para una solución integral a la operación de teléfonos clandestinos en las cárceles. Algo que podría comenzar a ser el final de algunas actividades típicas como los “call center tumberos”.