Emergencia penitenciaria en TDF: "La única solución es la construcción de una nueva comunidad carcelaria"

Esta mañana, el viceministro de Coordinación del Gobierno de Tierra del Fuego, Jorge Canals, brindó una entrevista en FM Radio Provincia, donde abordó la situación crítica del sistema penitenciario y ofreció un diagnóstico profundo sobre los desafíos y las medidas en curso para hacer frente a la crisis en la provincia, destacando que la declaración de emergencia no solo abarca el sistema penitenciario, sino que también extiende su alcance al sistema de seguridad integral, debido a las complejidades nacionales y locales.

En primer término, el viceministro de Coordinación de la provincia, Jorge Canals, puntualizó en la necesidad de declarar la emergencia en el sistema penitenciario, señalando que esta medida fue discutida en la legislatura local y recordó que, dicho asunto fue impulsado por el legislador Villegas, quien propuso una ampliación de la discusión para abordar no solo la emergencia en el servicio penitenciario, sino también la posibilidad de articular soluciones entre el sector público y privado.

De forma posterior, Canals afirmó que “la situación del servicio penitenciario no es la óptima”, destacando que algunos de los factores son el aumento de la población carcelaria y la aceleración de los juicios. “De aquí a fin de año, uno ya visualizaba que no iba a disminuir la cantidad de presos”, añadió. 

Asimismo, el viceministro resaltó que, el crecimiento de la comunidad carcelaria y las limitaciones presupuestarias han hecho insostenible la situación actual. Por lo que, profundizó en la construcción de nuevas unidades penitenciarias como solución, propuesta que se planteó hace dos años, pero los recursos hoy en día no están disponibles para afrontar dicho desafío.

Ante este critico panorama, Canals detalló dos caminos principales que se están explorando a fines de mitigar la crisis “nosotros tenemos dos caminos: uno que es paliativo y otro que estamos desarrollando”, explicó. Entre las acciones en marcha se encuentra la construcción de un anexo en Ushuaia y la rehabilitación de una gamela en Río Grande, lo que permitirá descomprimir la situación actual al habilitar más espacios para alojar a los reclusos. 

En este sentido, el funcionario indicó que estas medidas, si bien temporales, lo que buscan es aliviar la sobrecarga en el sistema hasta que se puedan ejecutar soluciones más duraderas.

A su vez, también abordó la falta de una penitenciaría femenina en la provincia, subrayando que, una vez descomprimida la alcaldía de Ushuaia, se podrán destinar espacios para las mujeres detenidas.

Entonces, Canals profundizó en que una de las soluciones estructurales que plantea el gobierno fue la iniciativa público-privada, que permitiría la intervención del sector privado en la construcción de nuevas unidades penitenciarias “hoy nosotros vamos a apelar definitivamente al privado”, declaró y señaló que, otras jurisdicciones como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya están implementando esta modalidad para aliviar la presión sobre sus propios sistemas penitenciarios.

Asimismo, explicó que la seguridad, según la constitución, es una responsabilidad indelegable del gobierno, pero ciertos servicios asociados a las unidades carcelarias, como la lavandería o el mantenimiento, podrían ser gestionados por el sector privado bajo contratos a largo plazo que permitan recuperar la inversión.

En cuanto a los recursos, Jorge Canals explicó que la provincia tiene varias herramientas de financiamiento a largo plazo para afrontar la crisis “la propuesta que nosotros hicimos de emergencia es por dos años”, mencionó, destacando que el presupuesto destinado a estas inversiones será de aproximadamente 5 mil millones de pesos. 

Sin embargo, reconoció las dificultades para realizar las compras de manera eficiente debido a la fluctuación de precios y la escasez de proveedores para los insumos necesarios, como softwares de apertura de celulares y tobilleras electrónicas.

Por último, el viceministro Jorge Canals mencionó la necesidad de trabajar en conjunto con la Justicia y las Fuerzas Federales a fines de descomprimir la cantidad de presos federales alojados en la provincia. Aunque son solo catorce reclusos, en un sistema tan sobrecargado como el de Tierra del Fuego, esta cifra tiene un impacto significativo “todo ayuda a la situación en la cual está el servicio”, concluyó.