La comunidad de Río Grande se ve sacudida por un escándalo tras descubrirse que la leche en polvo, originalmente destinada a comedores y merenderos por el Gobierno Nacional, está siendo vendida ilegalmente a través de redes sociales. El doctor Francisco Giménez ha anunciado en Radio Provincia que presentará una denuncia penal luego de investigar y confirmar estos hechos alarmantes.

Cabe destacar que las leches involucradas fueron encontradas en galpones pertenecientes al Ministerio de Capital Humano del Gobierno Nacional y posteriormente entregadas a la fundación CONIN para su distribución en comedores de la provincia. Sin embargo, según Ester López, referente del comedor Movimiento 26 de Julio, la distribución no fue completamente transparente. Algunos comedores entregaron solo una unidad de leche por familia y, en algunos casos, se retuvo parte del suministro para ser utilizado en otros fines.

El problema se agudizó cuando se descubrió que estos productos estaban siendo comercializados en plataformas digitales como Facebook. Giménez detalló cómo realizó una compra de tres kilos de leche en polvo por 15 mil pesos en un barrio de Chacra, documentando la transacción para respaldar su denuncia. Es crucial destacar que estos productos claramente llevaban la inscripción de "prohibida su venta".

Bajo está misma línea, Giménez instó a las autoridades a investigar exhaustivamente cómo estos productos salieron de los comedores y fueron parar al mercado negro, poniendo en duda la efectividad de los controles y la trazabilidad de los lotes distribuidos.“La justicia tendrá que evaluar si existe una trazabilidad del  producto, porque están con números de lote, lote y fecha de vencimiento, y la justicia tendrá que determinar ese lote, a quién se lo dieron, y a quien la persona, comedor, institución que se lo dieron, deberá responder cómo es que salieron de su custodia para pasar al mercado negro de estos productos."

Este caso no es un incidente aislado en Río Grande. Incidentes similares han sido reportados en otras provincias, como Mendoza, lo que indica un patrón preocupante de mal uso de recursos públicos destinados a la asistencia social.

"Creo que la ciudadanía debemos asumir de una vez por todas la responsabilidad y empezar nosotros desde el humilde lugar que nos puede tocar a contribuir a un cambio cultural en donde esto se vea mal, esto está mal, esto debe ser renunciado, debe ser investigado por la justicia y debe ser penado por la justicia, debe salir a la luz y verlo como algo que está mal." Expresó el abogado 

La denuncia de Giménez marca un llamado urgente a implementar medidas más rigurosas y transparentes en la distribución de alimentos y recursos sociales. El escándalo subraya la necesidad de reformas profundas para garantizar que los alimentos lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan, evitando que sean desviados por intereses ilegítimos en el camino.