Por medio del Decreto 496/2024 sobre Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo publicado este jueves en el Boletín Oficial el Gobierno lanzó nuevas medidas de prevención de delitos financieros. La norma lleva la firma del presidente Javier Milei, del ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona y del jefe de Gabinete Guillermo Francos.
 
El decreto, según menciona, tiene como objetivo fortalecer el sistema nacional de prevención y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Para ello ejecutó algunas modificaciones a la normativa ya existente, como por ejemplo: "Se amplía el alcance del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) para incluir personas o entidades que, a juicio fundado de los órganos del Poder Ejecutivo Nacional, representen una amenaza actual o potencial a la seguridad de la Nación".

Asimismo, se establecen procedimientos para la exclusión del RePET de personas o entidades que ya no reúnan los criterios de inclusión y se refuerzan las medidas para la identificación y "el congelamiento de activos vinculados a personas o entidades incluidas en el RePET".
 
También se crea un mecanismo para la solicitud de exclusión del RePET por parte de personas o entidades que hayan sido incluidas en el mismo por decisión de los órganos del Poder Ejecutivo Nacional y por último, sostiene que el Ministerio de Justicia dictará las normas complementarias, operativas y procedimentales necesarias para la aplicación del decreto.

Puntos clave de la normativa

• La Argentina es miembro pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) desde el año 2000.
• El RePET fue creado en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
• La Argentina ha sido víctima de dos atentados terroristas: uno contra la Embajada del Estado de Israel en 1992 y otro contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994.
• El decreto se dicta en el marco de la lucha contra el terrorismo y la búsqueda de la paz y la estabilidad internacional.