Reino Unido reconoció que durante años expuso a miles de pacientes a infecciones mortales por medio de sangre contaminada y encubrieron el hecho. Las transfusiones infectaron a más de 30.000 personas con el VIH y la hepatitis C y dejó a 3.000 muertos entre los años 1970 y 1990.
 
El exjuez Brian Langstaff, que dirigió el informe, expresó que "la magnitud de lo ocurrido es espantosa" y que todo "podría haberse evitado en gran medida". La investigación cuenta con más de 2.500 páginas con testimonios y documentos que prueban que "la verdad estuvo oculta durante décadas".
  
Brian Langstaff -que trabajó durante 5 años en la investigación- señala sobre todo la responsabilidad de los sucesivos gobiernos por tardar en actuar cuando surgió el escándalo y por haber asegurado erróneamente en varias ocasiones que los pacientes habían recibido el mejor tratamiento.

Entre los años 1970 y principios de los años 1990, más de 30.000 personas que padecían hemofilia o habían sido sometidas a operaciones quirúrgicas recibieron un nuevo tratamiento que Reino Unido había importado de Estados Unidos. Todos fueron contaminadas por el virus de la hepatitis C y el VIH después de recibir las transfusiones.

Parte del plasma usado para crear los productos fue rastrado a donantes de alto riesgo como presos y personas en situación de calle que daban sangre a cambio de dinero. De esta manera, los fabricantes del tratamiento mezclaban plasma de miles de donaciones por lo que un donante infectado exponía a todo el lote.

“Este desastre no fue un accidente. Las infecciones ocurrieron porque los que estaban en posiciones de autoridad no le dieron prioridad a la salud del paciente”, declaró Langstaff . "La respuesta de las autoridades vigentes no hizo más que agravar el sufrimiento de las víctimas", señala el informe.

En la investigación afirman que muchas de las muertes y enfermedades podrían haberse evitado si el gobierno hubiese tomado medidas en corregir los riesgos que existían por haber realizado transfusiones con sangre contaminada.

En 2017, el gobierno británico decidió abrir esta investigación pública para ofrecer transparencia sobre esta tragedia, calificada como "el peor desastre médico" en la historia del NHS. Luego, en 2022, pidieron a las autoridades que pagaran una indemnización a las víctimas, sin esperar hasta el final de la investigación.

"La respuesta a la pregunta ‘¿hubo un encubrimiento?’, es que sí, lo hubo", afirmó el exjuez. Y agregó: "Para salvar las apariencias y ahorrar gastos, se ha ocultado gran parte de la verdad".