Este 14 de junio se cumple un año de la desaparición de Guadalupe Lucero, la pequeña de cinco años que estaba en la puerta de la casa de familiares en el barrio 544 viviendas, al sur de la capital de San Luis, y "se esfumó". La causa que comenzó en el fuero provincial hoy está en el federal, que tuvo que reconstruir y rehacer varias medidas que estaban mal hechas o incompletas.

Para este martes, los familiares junto a organizaciones, pintarán un mural en el centro de la ciudad y luego convocaron a una gran marcha donde se espera la participación de políticos, que dirán presente.

Eran las 19:20 de ese día cuando a Guadalupe, esa pequeña de contextura delgada, 1,10 metros de altura, pelo lacio largo negro, ojos marrones oscuros, tez trigueña y con un lunar de color oscuro en la parte izquierda del rostro, se la "tragó la tierra". La niña jugaba en la vereda de la casa de su tía con sus primos. Hasta que divisaron que ya no estaba. Una primita dijo “se fue” y a partir de ese momento todo fue desesperación y confusión. No podía haber desaparecido así sin más y que nadie lo notara. 

La familia inmediatamente hizo la denuncia y además comenzó el primer rastrillaje por su cuenta, yendo casa por casa. La última vez que la vieron vestía buzo de color rosa con la inscripción "Love", campera negra con capucha, botas negras y calzas negras.

En total se han realizado más de 400 allanamientos en distintos puntos del país, se tomaron testimoniales y otras medidas por parte de la Justicia de la provincia, pero por el momento no hay una pista certera que los acerque con la resolución del caso.

El 16 de septiembre del año pasado, el procurador interino Eduardo Casal dictó la Resolución MP 246/21 por la cual designó a Marcelo Colombo, Alejandra Mángano y Leonel Gómez Barbella para intervenir de manera conjunta o alternada con el fiscal federal subrogante de San Luis, Cristian Rachid.

Fue así que el equipo fiscal designado para intervenir en la causa que tramita en el fuero federal por hechos vinculados con la desaparición de la niña, solicitó la ampliación del objeto procesal del caso, orientada a abarcar hipótesis que surgen de la causa que tramita en el fuero ordinario y que podrían tener vínculos con delitos de orden federal.

De este modo, el juez provincial Ariel Parrillis modificó la calificación legal de la causa y remitió en diciembre pasado las actuaciones, a la Fiscalía Federal con asiento en la ciudad de San Luis bajo la carátula "averiguación privación ilegítima de la libertad y/o apropiación".

Según alegó el magistrado, el traspaso de busca "evitar resoluciones contradictorias y la superposición de tareas, aunque los recursos provinciales quedan a disposición para la cooperación y la colaboración que se les requiera”.