Los días 10, 11 y 12 de mayo se realizarán las audiencias públicas correspondientes para la actualización de las tarifas de los servicios de Gas y Electricidad por redes, y la correspondiente a la segmentación de subsidios. El nuevo esquema se regirá por el principio de gradualidad.

La totalidad de los beneficiarios de tarifa social de Gas no serán alcanzados por un nuevo incremento durante este año, mientras que para aquellos usuarios de Electricidad del AMBA que tienen este beneficio, la nueva corrección no superará el 6% en promedio.

Por su parte, el 10% de usuarios residenciales de los Servicios de Gas y de Electricidad, con mayor capacidad de pago de la sociedad, dejará de recibir el beneficio de subsidio a la Energía.

De tal forma, para la mayoría de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur excluidos quienes son beneficiarios de tarifa social, las facturas de luz tendrían una corrección en promedio del 17%.

Por su lado esa corrección promedio para la mayoría de los usuarios de Gas del país se ubicará en 21,5% con leves variaciones según las regiones.

La Secretaria de Energía con Respectivas Resoluciones, estableció la convocatoria a las Audiencias Publicas, que pondrán a consideración de los usuarios, estos mecanismos y actualizaciones tarifarias, que contemplarán especialmente la situación de los sectores vulnerables y de menor capacidad de pago, dentro de los márgenes allí definidos y que se regirá por el principio de gradualidad.

De esta manera, se inicia el proceso de actualización tarifaria definido por el Gobierno Nacional en el programa económico que apunta a lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad.

Un proceso que se regirá según criterios y directrices de gradualidad y proporcionalidad establecidos en la Constitución Nacional y señalados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Así, la actualización tarifaria se impulsará, previa audiencia pública, con un esquema dirigido a proteger aquellos sectores más vulnerables y con menor capacidad de pago, e incentivando a su vez la adopción de medidas que promuevan al uso racional de los servicios y la reducción del impacto ambiental.

Para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo, una corrección tarifaria relacionada a la evolución de sus ingresos, representado por el coeficiente de variación salarial (CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443, frustrada por el veto total impuesto por la administración anterior.

Para el 90% de los usuarios residenciales, este mecanismo garantiza que las actualizaciones tarifarias siempre serán inferiores a sus aumentos salariales, implicando correcciones en sus facturas menores que el incremento de sus ingresos en términos reales, con el objetivo de proteger los ingresos reales y mejorar el aspecto distributivo de la política de subsidios.

Fuente: Minuto Uno