El presidente Alberto Fernández destacó este martes que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no incluye "políticas de ajuste" ni una reforma al sistema jubilatorio, criticó las condiciones "incumplibles" del convenio firmado en 2018 por Mauricio Macri y destacó la importancia de que la justicia avance en la investigación sobre "cómo ocurrieron los hechos y quienes fueron los responsables de tanto desatino".

En su discurso ante la Asamblea Legislativa, Fernández confió en que, "a partir de esta semana", los legisladores podrán contar con el texto del acuerdo a fin de "considerar la aprobación" de ese entendimiento, "para darle previsibilidad a los argentinos y argentinas".

El jefe de Estado remarcó el "entendimiento inusual" que significó "un acuerdo sin políticas de ajuste y con incremento del gasto real en todos los años del programa".

"Quiero ser muy claro ante esta Asamblea Legislativa: no habrá una reforma previsional", subrayó al mandatario en uno de los pasajes más aplaudidos de su alocución.

En ese sentido, indicó que "la edad jubilatoria no será alterada", y que "si por el motivo que fuere una persona deseara continuar trabajando después de cumplir la edad que establece la ley, nadie, en principio, debería obligarla a retirarse".

En referencia al acuerdo que Macri suscribió en 2018, por un total de US$ 57.000 millones, criticó que no contó con la autorización del Congreso que, además, "ni fue consultado respecto de las obligaciones que el Estado Nacional asumía al tiempo de tomar la deuda".

"Me hubiera gustado que el gobierno anterior no hubiera recurrido en 2018 al FMI y muchos menos en las condiciones que ya describí", admitió, al tiempo que aseguró que luego de dos años de negociaciones se alcanzó "el mejor acuerdo que se podía lograr".

Al respecto, el presidente destacó que "el nuevo acuerdo no acumulará nueva deuda a la ya tomada por el gobierno anterior", ya que se trata de una refinanciación con "dinero del propio FMI que empezará a pagarse dentro de cuatro años y medio". En consecuencia, "se iniciarán los pagos en 2026 para terminar en 2034", señaló.

Por último, sostuvo que el acuerdo "no doblega nuestra soberanía", pero advirtió que se debió "extremar" esfuerzos "por definir con autonomía nuestras políticas públicas ante un acreedor poderoso".