Amnistía Internacional a través de un comunicado manifestó su preocupación por los problemas que hay en Río Grande para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.

El Comunicado

"El Hospital Regional que es el único de la ciudad donde podría realizarse la práctica, no garantiza este derecho, avalado por la ley 27.610, y en cambio deriva sistemáticamente a las personas a un consultorio de atención primaria. En los casos en que las mujeres requieren internación para acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo deben trasladarse más de 200 kilómetros hasta Ushuaia, único hospital de la provincia que garantizaría la práctica".  

"Esto pone de manifiesto el mapa desigual en el acceso a la salud sexual y reproductiva en nuestro país. Las mujeres que viven en centros urbanos alejados de las capitales provinciales aún no pueden acceder al aborto por la falta de disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva y de personal capacitado". 

“La Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo viene a dar respuesta a un problema de salud pública. La persistencia de barreras demuestra que para que aquella conquista sea una realidad es prioritario y urgente la adopción de políticas que garanticen la accesibilidad de la prestación en todos los rincones del país".