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La expansión del mercado de ropa usada importada en Argentina abrió un intenso debate entre el acceso a prendas de bajo costo, la supervivencia de la industria textil nacional y los riesgos ambientales asociados a la acumulación de residuos textiles. Mientras el negocio de los fardos crece en ferias, comercios y redes sociales, fabricantes y especialistas alertan sobre el impacto que esta tendencia ya está generando en la producción local y el empleo.
En los últimos años, la importación de ropa usada pasó de ser una actividad restringida a convertirse en un mercado en expansión. Prendas provenientes de países como Turquía, Emiratos Árabes Unidos y otros destinos internacionales ingresan al país a través de fardos que luego son comercializados a precios considerablemente más bajos que los de la producción nacional.
Según referentes del sector, estos paquetes pueden costar entre 100 y 500 dólares, ofreciendo una amplia variedad de marcas internacionales y permitiendo incluso que pequeños emprendedores monten locales comerciales con una inversión inicial reducida.
Sin embargo, detrás del crecimiento de este negocio emerge una preocupación creciente por el estado de la industria textil argentina. Datos de la Fundación ProTejer indican que en marzo de 2026 la producción textil registró una caída interanual del 23,3%, mientras que la contracción acumulada respecto de 2023 alcanzó el 31,3%.
A la par, las importaciones de indumentaria aumentaron un 79%, mientras que las confecciones registraron un incremento del 55%, alcanzando niveles récord.
Las consecuencias sobre el entramado productivo son significativas. Según la entidad, el sector acumula:
Para especialistas de la cadena textil, el fenómeno se ve impulsado además por la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores, que encuentran en la ropa usada una alternativa accesible frente al aumento de los costos de la indumentaria nueva.
Más allá de las consecuencias económicas, el crecimiento de la ropa usada importada también despierta interrogantes ambientales. El caso del desierto de Atacama, en Chile, se convirtió en un símbolo global de esta problemática, con miles de toneladas de prendas descartadas cada año formando extensas acumulaciones de residuos textiles.
Si bien Argentina aún está lejos de esa realidad, especialistas advierten que el país carece de una infraestructura adecuada para reciclar fibras textiles a gran escala. La mayoría de las prendas modernas contienen materiales sintéticos derivados del petróleo, como poliéster y nylon, que pueden tardar siglos en degradarse.
Desde sectores vinculados a la sustentabilidad sostienen que parte de la ropa que ingresa al país no siempre encuentra un nuevo uso y podría terminar incrementando los volúmenes de residuos urbanos en el futuro.
La investigadora Lucía Knorre, de Fundación ProTejer, sostiene que gran parte de la ropa usada que ingresa al país proviene de Chile y advierte que se trata, en muchos casos, de prendas antiguas y altamente sintéticas que generan una competencia imposible para la producción local.
Desde la entidad consideran que la solución pasa por restablecer restricciones más estrictas al ingreso de ropa usada, argumentando que la medida permitiría proteger el empleo industrial y evitar potenciales impactos ambientales.
Mientras tanto, el debate continúa abierto entre quienes defienden el acceso a productos más económicos para los consumidores y quienes alertan sobre las consecuencias productivas, laborales y ambientales de un mercado que crece a gran velocidad.
La discusión refleja uno de los principales desafíos de la actualidad: encontrar un equilibrio entre el consumo accesible, la sustentabilidad y la protección de la industria nacional.
