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En diálogo con Radio Provincia, la secretaria de Coordinación Legal y Técnica del Gobierno de Tierra del Fuego, Mariángeles Arroyo, se refirió a la apelación presentada por el Ejecutivo tras el fallo que frenó el proceso electoral vinculado a la reforma constitucional. Además, explicó la intervención de los partidos políticos, los plazos judiciales vigentes, las instancias de revisión que podrían continuar y la incertidumbre que rodea al cronograma electoral previsto para este año.
En primer lugar, Arroyo explicó que actualmente los partidos políticos fueron convocados por la Justicia para expresar su posición respecto de la apelación impulsada por el Gobierno: "Los partidos políticos debían ser parte y debían opinar sobre este proceso electoral en curso", afirmó. En ese sentido, señaló que el plazo otorgado por el juzgado vencerá el próximo 17 de junio y luego el expediente será remitido a la Cámara.
Asimismo, destacó que desde el Ejecutivo solicitaron que la causa sea tratada con rapidez: "Nosotros hemos pedido que se haga de manera urgente y con celeridad", sostuvo al referirse a la actuación que deberán tener los camaristas una vez que reciban las actuaciones.
Respecto del cronograma electoral, indicó que la fecha prevista para los comicios constituyentes continúa vigente, aunque reconoció que los tiempos judiciales podrían afectar su realización: "Oficialmente tenemos todavía la fecha 9 de agosto. No es facultad del Ejecutivo modificar esta fecha", remarcó. No obstante, consideró que si la resolución se sigue demorando, podría ser conveniente revisar los plazos para garantizar la participación ciudadana y de los partidos políticos.
Por otra parte, explicó que la decisión que adopte la Cámara no necesariamente pondrá fin al litigio judicial: "Habría una instancia superior", indicó en referencia a una eventual revisión por parte del Superior Tribunal de Justicia. Y agregó: "Ahí sí definitivo, no debería haber ningún otro paso judicial".
Finalmente, Arroyo cuestionó la situación procesal que atraviesa la reforma constitucional y aseguró que no existen antecedentes similares en otras provincias: "Es un proceso que está sufriendo una inseguridad jurídica importante", expresó.
Y concluyó diciendo: "No encontramos antecedentes de lo que sucede lamentablemente en nuestra provincia", al comparar el caso fueguino con recientes reformas constitucionales desarrolladas en otros distritos del país.
