19640 Noticias
Diputados nacionales de la oposición solicitaron una sesión especial en la cámara baja para el próximo 23 de junio a las 14 horas, con el objetivo de tratar pedidos de informes, la interpelación y una eventual moción de censura contra el jefe de gabinete Manuel Adorni.
La ofensiva parlamentaria se intensificó luego de las denuncias vinculadas a su declaración patrimonial y a las versiones sobre la presunta existencia de fondos no declarados, situación que generó fuertes críticas desde distintos bloques legislativos.
“Es urgente aplicar el artículo 101 de la constitución nacional”, expresaron desde el bloque de Unión por la Patria, que encabeza la convocatoria junto al frente de izquierda y la coalición cívica, además de sectores de provincias unidas y legisladoras como Natalia de la Sota y Marcela Pagano.
En paralelo, otros espacios como el PRO y la UCR decidieron no acompañar el pedido de sesión, mientras que algunos referentes dialoguistas optaron por mantener una postura intermedia y exigir explicaciones en el corto plazo.
El diputado Esteban Paulón sostuvo que “no hay más excusas posibles” y pidió avanzar con la interpelación y la eventual remoción del funcionario, mientras que Pablo Juliano planteó que la fecha de la sesión será clave para “distinguir entre republicanos y quienes avalan la impunidad”.
El conflicto político se profundizó luego de que el propio jefe de Gabinete confirmara en declaraciones públicas haber tenido fondos no declarados, lo que reactivó cuestionamientos sobre su evolución patrimonial y su vínculo con inversiones en criptoactivos.
En este contexto, también se conocieron expresiones de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien pidió que el funcionario se presente a dar explicaciones ante el congreso durante el mes de junio, en medio de crecientes tensiones dentro del oficialismo.
A esto se suma la postura de sectores del propio espacio de gobierno y de aliados parlamentarios, que reclamaron que las explicaciones no se posterguen hasta julio, como había sido anunciado inicialmente.
Según los planteos de la oposición, el caso podría derivar en una ampliación de las investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.
