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Las universidades nacionales volverán a protagonizar una nueva medida de fuerza luego de que los gremios docentes anunciaran un paro nacional de cinco días en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que aún no es aplicada por el Gobierno nacional mientras continúa la disputa judicial.
La decisión fue comunicada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), que resolvió llevar adelante un paro entre el 16 y el 20 de junio, acompañado por clases públicas y actividades de visibilización en distintos puntos del país.
Los sindicatos sostienen que la implementación de la ley resulta clave para garantizar la recomposición salarial de los trabajadores universitarios, el financiamiento de becas estudiantiles, inversiones en infraestructura y el funcionamiento general de las universidades nacionales.
Además del paro, se realizarán clases públicas frente a los Tribunales de Buenos Aires el 9 de junio, mientras que otras actividades están previstas para los días 11 y 16 de junio en diferentes ciudades del país.
Desde CONADU indicaron que continuarán en estado de alerta y señalaron que cualquier propuesta formal que presente el Gobierno será sometida a consulta entre los docentes universitarios.
La oferta del Gobierno a los rectores
En los últimos días se desarrolló una reunión entre autoridades de la Secretaría de Educación y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde se analizó una propuesta oficial para mejorar la situación presupuestaria de las universidades.
La iniciativa contempla una recomposición salarial del 21,33% para junio y un incremento adicional del 3% en octubre, además de una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento y partidas especiales destinadas a becas estudiantiles y hospitales universitarios.
Sin embargo, los gremios consideran que la propuesta continúa lejos de los niveles de recuperación establecidos en la Ley de Financiamiento Universitario, que prevé una recomposición salarial significativamente mayor.
La Corte Suprema rechazó un planteo del Gobierno
En paralelo al conflicto salarial y presupuestario, la Corte Suprema de Justicia rechazó una presentación realizada por el Estado nacional en la causa impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial docente.
El máximo tribunal desestimó el pedido del Gobierno para apartar a magistrados que intervienen en el expediente, al considerar que el hecho de desempeñarse como docentes en universidades públicas no constituye una causal suficiente de recusación.
En su resolución, la Corte sostuvo que no se acreditó ningún interés personal, directo o relevante que justificara el apartamiento de los jueces, y recordó que las recusaciones son mecanismos excepcionales que deben aplicarse de manera restrictiva.
Mientras continúan las negociaciones entre el Gobierno, los rectores y los gremios docentes, el conflicto universitario suma un nuevo capítulo con medidas de fuerza, reclamos salariales y una disputa judicial que sigue abierta en los tribunales.
