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La Comisión Especial Investigadora creada en el ámbito de la Legislatura de Tierra del Fuego para analizar la instalación del radar de LeoLabs en Tolhuin comenzará formalmente sus actividades el próximo martes 9 de junio. El cuerpo estará integrado por ocho legisladores y contará además con la participación de representantes de los Centros de Excombatientes de Malvinas de Ushuaia y Río Grande.
La comisión está integrada por los legisladores Pablo Villegas, Federico Sciurano, Juan Carlos Pino, Laura Colazo, Matías Lapadula, Gisela Dos Santos, Natalia Gracianía y Raúl Von der Thusen. A ellos se sumarán representantes del Centro de Excombatientes de Malvinas de Ushuaia y del Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande, quienes participarán ad honorem, con voz pero sin voto.
La comisión fue creada el pasado 30 de abril y dispondrá de un plazo inicial de 90 días hábiles, con posibilidad de prórroga, para desarrollar la investigación sobre las actuaciones administrativas que posibilitaron la instalación y operación de la empresa en la provincia.
Entre sus facultades se encuentran la posibilidad de requerir documentación, solicitar informes y acceder a expedientes vinculados al caso. Los pedidos podrán dirigirse al Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado y a cualquier otro organismo público relacionado con el expediente.
Asimismo, el cuerpo investigador estará habilitado para citar e interrogar a funcionarios y empleados públicos, convocar testigos, designar especialistas y peritos, además de ordenar distintas medidas tendientes a reconstruir el proceso administrativo que derivó en la habilitación del radar.
Una vez concluidas las tareas, la comisión deberá elevar un informe definitivo a la Legislatura, en el que se detallarán las conclusiones alcanzadas y las eventuales responsabilidades políticas y técnicas vinculadas a las autorizaciones que permitieron a LeoLabs operar en Tierra del Fuego durante 2023.
La investigación buscará aportar claridad sobre uno de los temas que mayor debate generó en los últimos años, especialmente por las implicancias que distintos sectores atribuyeron al proyecto en materia de soberanía, seguridad nacional y control estratégico del territorio fueguino.
