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Al respecto, el ministro de Economía, Alejandro Barrozo, comentó que “esta ley es inviable desde todo punto de vista y pone en peligro la prestación de servicios básicos del Estado”.
“No solo es imposible de cumplir desde el punto de vista económico, sino que desde el punto de vista administrativo y operativo no se puede saber diariamente qué fondos de los enviados por Nación habría que enviar a los municipios”, agregó.
Barrozo dijo además que “este veto no es en contra de los municipios ni mucho menos”, y aclaró que “hay cuestiones institucionales y financieras que impiden un mecanismo de este tipo como lo ha demostrado la historia en esta provincia”.
En los fundamentos del veto se señala que no se encuentra en discusión la coparticipación municipal ni los recursos que corresponden a cada municipio, sino la implementación de un esquema rígido y automático que, según los organismos técnicos competentes, no puede aplicarse sin afectar la administración financiera provincial.
En ese sentido, la Contaduría General, el Ministerio de Economía y los servicios jurídicos del Ejecutivo coincidieron en advertir que el sistema aprobado carece de viabilidad técnica y operativa.
Particularmente, la Contaduría General señaló que una transferencia automática diaria, sin contemplar los procesos de control, registración y determinación definitiva de los fondos coparticipables, podría generar transferencias indebidas y afectar recursos con asignaciones específicas establecidas por ley.
Se remarca además que la Provincia administra fondos destinados al sostenimiento de áreas esenciales como salud, educación, seguridad, infraestructura y servicios públicos, por lo que un esquema compulsivo y sin flexibilidad financiera puede comprometer seriamente la capacidad operativa del Estado en un contexto económico complejo.
En los fundamentos también se advierte que la implementación de un sistema de goteo diario podría impedir a la Provincia disponer de recursos suficientes para atender situaciones de emergencia, afectando derechos fundamentales de los ciudadanos e incluso situaciones que comprometan la vida.
Además, se indica que la ley vetada avanza sobre facultades propias del Poder Ejecutivo y altera el funcionamiento constitucional de la administración financiera provincial.
Finalmente, se sostiene que el veto constituye una decisión de responsabilidad política e institucional orientada a preservar el equilibrio financiero de la Provincia y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.
