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El Gobierno nacional detectó presuntas irregularidades en compras de insumos ortopédicos realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se habrían pagado valores hasta un 4239% superiores al precio de mercado. La investigación avanza con nuevas declaraciones judiciales de empresarios y exfuncionarios vinculados al organismo.
Según un informe elaborado por el Ministerio de Salud, se identificaron fuertes diferencias entre los precios abonados por el Estado y los valores reales de mercado en la adquisición de andadores, sillas de ruedas y prótesis.
El documento, impulsado por la cartera conducida por Mario Lugones, comparó facturas oficiales con presupuestos actuales y concluyó que las diferencias detectadas resultan “injustificables”.
De acuerdo con la investigación, hubo operaciones con incrementos de hasta 4239%, lo que encendió las alarmas dentro del Gobierno y derivó en nuevas medidas judiciales.
En el marco de la causa, esta semana comenzarán nuevas declaraciones ante la Justicia. El primero en comparecer será Osmar Caballi, contador y exdirector general de ANDIS durante parte de la gestión de Alberto Fernández.
Caballi además figura como uno de los socios mayoritarios de Farma Salud, empresa que habría obtenido contratos por alrededor de $7.900 millones.
También deberán declarar integrantes de la familia Sagués, propietarios de la ortopedia del mismo nombre, señalada como una de las firmas beneficiadas en las contrataciones investigadas.
Según trascendió:
Los informes incorporados a la causa identifican a Ortopedia Sagués como parte de un núcleo de empresas cercanas a la administración del organismo.
Entre las firmas bajo análisis también aparecen:
La investigación está encabezada por el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, quienes buscan determinar si existió un sistema paralelo de contrataciones para prestaciones de alto costo conocidas como PACBI.
La hipótesis judicial sostiene que dicho esquema habría favorecido a un grupo reducido de proveedores mediante contratos millonarios con valores ampliamente superiores a los del mercado.
Además de los empresarios ya mencionados, esta semana también fueron convocados:
Las nuevas indagatorias podrían resultar clave para determinar responsabilidades dentro de una causa que ya genera fuerte impacto político y administrativo.
