Tierra del Fuego adhirió al Programa Nacional contra la trata de personas

La ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia de la provincia, Lucía Rossi, firmó la adhesión de la provincia al programa nacional que fortalece la asistencia integral y la restitución de derechos a víctimas de trata.
 
TIERRA DEL FUEGO08/05/202619640 Noticias19640 Noticias
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La ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia de la provincia, Lic. Lucía Rossi, participó en la Ciudad de Buenos Aires de la firma de las Actas de Adhesión al Programa Nacional de Restitución de Derechos a Víctimas del Delito de Trata de Personas, junto al ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.

La adhesión permitirá a la provincia incorporarse a un esquema federal de trabajo que busca garantizar la restauración integral de derechos de las personas víctimas de trata, a través de acciones coordinadas entre Nación y las jurisdicciones.

El programa establece un circuito de asistencia integral que incluye acompañamiento psicosocial, fortalecimiento de los equipos técnicos y estrategias de inclusión social y laboral. Entre sus herramientas, se destacan líneas de asistencia económica directa destinadas a acompañar a las víctimas en su proceso de autonomía, mediante subsidios temporales que contribuyen a cubrir necesidades básicas y facilitar su reinserción.

En ese sentido, la ministra Rossi señaló que “la adhesión a este programa fortalece el trabajo que venimos desarrollando en la provincia, consolidando herramientas concretas para el acompañamiento integral de las víctimas y la restitución de sus derechos”.

“Tenemos un compromiso sostenido en la lucha contra la trata de personas, y entendemos que el abordaje debe ser articulado, con perspectiva de derechos y poniendo en el centro a las personas. Este tipo de políticas nos permite avanzar en respuestas más eficaces y con mayor presencia del Estado”, agregó.

Finalmente, la funcionaria remarcó que la incorporación al programa nacional permitirá potenciar las capacidades provinciales, mejorar la coordinación interinstitucional y ampliar las oportunidades de inclusión social y laboral para las personas afectadas por este delito.

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