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En diálogo con FM Radio del Pueblo, el ministro de Educación de la provincia, Pablo López Silva, analizó el fenómeno de las amenazas en instituciones educativas, el aumento de denuncias y las acciones articuladas con la Justicia y la Policía. Explicó cuándo y cómo surgieron estos hechos, qué protocolos se aplican, por qué ocurren en escuelas y cuál es el rol del Estado y la sociedad en la prevención.
En primer término, al contextualizar el origen del fenómeno, señaló “esto creó preocupación en el equipo nuestro del ministerio”, y explicó que en una primera instancia “se mezcló todo”, generando interpretaciones erróneas sobre los hechos, lo que obligó a ordenar la información disponible.
Asimismo, al referirse al caso ocurrido en Santa Fe, aclaró “no tiene nada que ver con el tema de los grafitis”, marcando que ese episodio responde a otra lógica distinta, vinculada a situaciones más complejas que no guardan relación con las amenazas escritas en escuelas, lo que permite diferenciar los escenarios.
Por otro lado, al analizar la aparición de mensajes en instituciones educativas, sostuvo “nuestros estudiantes quieren comunicarnos algo”, remarcando que estos hechos deben ser leídos como señales que requieren escucha activa, y añadió que “esto nos tiene que llevar a reflexionar a todos”, ampliando la responsabilidad más allá del sistema educativo.
En ese sentido, destacó el rol de la escuela al afirmar “la escuela es un lugar seguro”, y subrayó que es fundamental no perder esa perspectiva, incluso frente a situaciones de alarma, ya que convertirla en un espacio de miedo sería un error conceptual y pedagógico.
A su vez, explicó el accionar institucional indicando “el Estado tiene que proteger y actuar”, en referencia a los protocolos basados en la Ley 26.061 y las guías del Consejo Federal de Educación, que establecen cómo intervenir ante situaciones complejas y cómo articular con otros organismos.
En relación a las medidas adoptadas, advirtió “no tenemos que tomar decisiones alocadas ni apresuradas”, planteando que cada jurisdicción debe actuar con criterio, evitando respuestas extremas que puedan generar más conflicto que soluciones.
Además, hizo hincapié en la responsabilidad compartida al señalar “tenemos que intervenir todos en este tema”, incluyendo al Estado, la familia y la comunidad educativa, especialmente en el acompañamiento de niños y adolescentes.
Para finalizar, al referirse al impacto de estas conductas, Pablo López Silva concluyó con el siguiente mensaje “hoy el chiste no es chiste”, enfatizando que cualquier amenaza debe ser tomada con seriedad, ya que puede derivar en consecuencias legales y sociales importantes, reforzando la necesidad de prevención y conciencia colectiva.
