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El secretario Legal y Técnico del Municipio de Tolhuin, Alexis Solís, confirmó en diálogo con Radio Provincia que la causa contra LeoLabs Argentina dio un paso clave, luego de que el Superior Tribunal de Justicia se declarara competente para intervenir en el conflicto.
Durante la entrevista, Solís explicó que el proceso judicial avanza en dos frentes: una multa económica ya firme y el pedido de demolición del radar instalado sin autorización.
“El Superior Tribunal de Justicia dio un paso clave en la causa contra LeoLabs Argentina al declararse competente”, afirmó el funcionario, destacando la relevancia de esta definición.
En cuanto a la sanción económica, fue contundente “hicimos la ejecución fiscal, le ganamos el juicio LeoLabs, y eso hoy tiene que pagar una multa alrededor de un millón y medio de pesos”. Sin embargo, advirtió que la empresa aún no cumplió “se notificaron, no la pagaron, y estamos ahora en proceso de ejecución de sentencia”.
En ese sentido, detalló que una de las medidas en curso es el embargo de cuentas para garantizar el cobro.
Paralelamente, se desarrolla el eje más sensible del conflicto: la posible demolición del radar. “Nosotros iniciamos el proceso de ejecución fiscal y, subsidiariamente, la demolición”, explicó.
Sobre este punto, indicó que el caso tuvo un giro clave cuando “el juzgado se declaró incompetente y eso se corrió traslado al Superior”, que finalmente resolvió intervenir. “El Superior resolvió el 13 de marzo que es competente”, remarcó.
El funcionario sostuvo que el municipio actuó respetando todos los pasos legales “agotamos la vía administrativa, tuvimos audiencias, recursos, y todo eso nos llevó a esta instancia”.
También confirmó que la empresa ya fue notificada formalmente “LeoLabs se notificó el primero de abril y tiene que contestar la demanda”. Y advirtió sobre los plazos “tienen hasta el viernes de la semana que viene para contestar, si no lo hacen, se los declara en rebeldía”.
En paralelo, Solís respondió a las críticas políticas y fue tajante“somos muy respetuosos de los plazos procesales y de la justicia, no salimos a hacer ruido”.
Además, cuestionó a dirigentes que opinaron sobre el tema “hace un año hubo dirigentes que salieron en modo sensacionalista diciendo ‘vamos a desarmarlo con nuestras manos’, cuando sabían que había un proceso judicial. Eso fue proselitismo político”.
Sobre el origen del conflicto, recordó que en 2023 el municipio detectó la instalación sin permisos “se le dio una clausura provisoria hasta que presentaran los papeles”, aunque la empresa continuó con la obra.
En ese marco, reafirmó la postura municipal “ellos planteaban que era competencia federal, pero nosotros sostenemos que es infraestructura dentro del tejido urbano y la jurisdicción es municipal”.
Para finalizar, Alexis Solís remarcó que el caso trasciende lo administrativo “esto implica no solo una cuestión municipal, sino también una cuestión de soberanía”.
Con la intervención del Superior Tribunal de Justicia, el proceso entra ahora en una etapa decisiva, donde primero deberá resolverse la respuesta de la empresa y luego avanzar hacia una definición sobre el futuro del radar.
