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Una fuerte polémica se desató en la ciudad de Ushuaia tras la circulación de audios que exponen un presunto circuito irregular en la comercialización de tierras fiscales, un tema históricamente sensible en la capital fueguina.
Según surge de las grabaciones, terrenos que habrían sido adjudicados a sindicatos con un fin social terminarían siendo vendidos a particulares, desvirtuando así el objetivo original de garantizar el acceso colectivo a la tierra para afiliados.
La controversia no se limita únicamente a la presunta venta. De acuerdo a lo que se escucha en los audios, quienes adquieren estos lotes por fuera del circuito formal se presentarían luego ante el Municipio para gestionar el cambio de titularidad. Este trámite, siempre según lo denunciado, avanzaría pese a que los compradores no cumplirían con los requisitos ni las obligaciones establecidas en la normativa vigente.
Este punto abre un interrogante central: cómo se logra formalizar la titularidad de tierras fiscales sin la intervención o aprobación del propio Estado, lo que pone bajo la lupa el rol del Municipio y su posible grado de conocimiento o intervención en estas prácticas.
En las conversaciones también se mencionan nombres propios —como “Ferreyra”, “Walter” y “Sebastián”—, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre la identidad de estas personas ni sobre su eventual vinculación directa con los hechos.
Lejos de tratarse de hechos aislados, la operatoria presenta similitudes con denuncias previas registradas en distintos sectores de la ciudad, como barrio Pipo, Andorra, Dos Banderas y Barrancas del Pipo, donde ya se habían advertido maniobras de características similares.
En este contexto, crecen las dudas sobre los mecanismos de control y transparencia en la adjudicación de tierras fiscales. La situación vuelve a poner en el centro del debate el acceso a la tierra, uno de los problemas estructurales más sensibles en Ushuaia, y abre la puerta a posibles investigaciones para determinar responsabilidades.
