19640 Noticias
En medio del proceso de quiebra de Aires del Sur S.A., la Legislatura provincial analiza iniciativas impulsadas por los legisladores Matías Lapadula y Raúl Von der Thusen, que plantean distintos mecanismos de intervención estatal con un objetivo común: evitar el cierre de la empresa y preservar las fuentes laborales.
El escenario de crisis que atraviesa la firma encendió el debate político en torno a las herramientas disponibles para sostener la actividad industrial en la provincia. En ese contexto, dos proyectos legislativos avanzan con enfoques diferentes, aunque coinciden en la necesidad de una intervención del Estado para garantizar la continuidad productiva.
Por un lado, la iniciativa del legislador Matías Lapadula propone la expropiación de las acciones de la empresa, con el objetivo de mantener su estructura jurídica y asegurar su encuadre dentro del régimen de promoción industrial de la Ley 19.640. La propuesta busca que el Estado asuma el control accionario, lo que permitiría sostener los beneficios impositivos y acceder a herramientas de financiamiento, incluso a través del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP).
Desde esta perspectiva, el eje está puesto en preservar el andamiaje legal y económico que hace viable la actividad, entendiendo que la continuidad dentro del régimen promocional resulta clave para la supervivencia de la empresa en el contexto actual.
En contraposición, el legislador Raúl Von der Thusen impulsa un proyecto que propone declarar de utilidad pública la planta industrial y avanzar con la expropiación de los bienes físicos. Esta alternativa surge, según explicó, a partir de un planteo de los propios trabajadores y apunta a garantizar la continuidad operativa desde la infraestructura existente.
“Lo que buscamos es acompañar de manera real, no solo desde lo político, sino con herramientas legislativas concretas”, afirmó el parlamentario. En esa línea, remarcó que “tenemos que estar todos detrás de los trabajadores”, anticipando además la posibilidad de generar instancias de diálogo con sindicatos, empleados y el Ejecutivo provincial.
Ambas propuestas coinciden en la urgencia de evitar la pérdida de más de 140 puestos de trabajo, en un contexto complejo para la industria electrónica fueguina. Sin embargo, difieren en el mecanismo: mientras una estrategia prioriza el control societario y el sostenimiento del régimen fiscal, la otra pone el foco en la continuidad productiva a partir de la planta y los activos físicos.
El debate también abre interrogantes sobre la viabilidad económica de cada alternativa, el costo fiscal de una eventual intervención estatal y la continuidad del régimen nacional de promoción industrial, considerado un factor determinante para el futuro de la actividad.
En este marco, la definición legislativa no solo impactará en el destino de la empresa, sino que también marcará un precedente sobre cómo el Estado provincial interviene ante crisis industriales y protege el empleo en sectores estratégicos.
