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El concejal de Río Grande, Jonatan Bogado, brindó detalles sobre la reciente aprobación de la ordenanza que regula el funcionamiento de plataformas digitales de transporte como Uber, Cabify y otras aplicaciones, en una entrevista con FM del Pueblo.
En ese marco, el edil sostuvo que se trata de un debate que lleva más de seis años en la ciudad y que tuvo un punto de inflexión tras un fallo judicial que declaró inconstitucional la prohibición del servicio. “No se podía prohibir, había que regular”, explicó, destacando que el nuevo esquema busca dar respuesta tanto a la demanda de los usuarios como a las obligaciones legales del Estado.
Según detalló, la ordenanza establece requisitos similares a los que ya cumplen taxis y remises, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad. Entre ellos, mencionó la exigencia de registro profesional, seguros habilitantes, elementos de seguridad obligatorios en los vehículos y una antigüedad máxima de diez años.
“Son cuestiones básicas que tienen que ver con la seguridad de los pasajeros y también del conductor”, afirmó, al tiempo que remarcó que muchos de estos requisitos ya deberían estar presentes en cualquier vehículo destinado al transporte de personas.
Bogado también aclaró que las plataformas como Uber no constituyen un nuevo sistema de transporte, sino un servicio de intermediación entre pasajeros y conductores. En ese sentido, señaló que tanto taxistas como remiseros podrán seguir utilizando estas aplicaciones, al igual que cualquier persona que cumpla con la normativa vigente.
“No es un nuevo sistema. El sistema sigue siendo público o privado. Las plataformas son empresas que intermedian y cobran por ese servicio”, explicó.
En otro tramo de la entrevista, el concejal se refirió a la situación laboral vinculada a este tipo de servicios y cuestionó la falta de regulación a nivel nacional en cuanto a las condiciones de trabajo. En particular, advirtió que actualmente no existen límites en la cantidad de horas que puede trabajar un conductor de plataformas, lo que podría afectar la seguridad y la salud laboral.
“Hoy una persona podría trabajar 24 horas seguidas. Eso va en contra de derechos laborales históricos”, expresó.
Además, contextualizó la aprobación de la ordenanza en la crisis económica y laboral que atraviesa Río Grande. Según indicó, la ciudad ha perdido más de 10.000 puestos de trabajo, lo que genera una fuerte presión sobre el mercado laboral y explica el crecimiento de este tipo de actividades.
“Estamos viviendo una tragedia en términos laborales y sociales. Hay filas de personas buscando trabajo, eso es una realidad que no se puede desconocer”, afirmó.
Finalmente, el concejal adelantó que la normativa podría ser ajustada en el futuro en función de la demanda y el funcionamiento del sistema, y confirmó que en una primera etapa se habilitarán hasta 800 vehículos bajo este esquema.
Por otra parte, también se refirió a un proyecto impulsado por la multisectorial de Derechos Humanos para cambiar el nombre de un barrio en homenaje a una docente, iniciativa que será analizada en el Concejo Deliberante en las próximas semanas.
De esta manera, el Municipio avanza en la regulación de las plataformas digitales en un contexto marcado por la transformación del mercado laboral y la necesidad de garantizar condiciones equitativas y seguras para todos los actores involucrados.
