19640 Noticias
El juez del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Ernesto Adrián Löffler, se refirió al debate sobre la posible adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y aseguró que la legislación ambiental vigente establece controles suficientes para evitar daños al ambiente.
En diálogo con FM Radio del Pueblo, el magistrado explicó que la Constitución provincial y las leyes ambientales fijan requisitos claros para cualquier proyecto de inversión de gran escala, entre ellos la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental antes de autorizar actividades económicas.
Según indicó, estos mecanismos permiten evaluar previamente los efectos de cada emprendimiento y garantizan que se respeten las normas destinadas a proteger los recursos naturales.
Löffler recordó que la reforma constitucional de 1994 estableció el principio de los “presupuestos mínimos ambientales”, que fija reglas básicas a nivel nacional, mientras que cada provincia debe adaptar su propia legislación según su realidad territorial.
En ese sentido, sostuvo que Tierra del Fuego cuenta con una normativa ambiental fuerte y con procedimientos que incluyen evaluaciones técnicas y controles institucionales antes de habilitar proyectos productivos.
El magistrado también explicó que los estudios de impacto ambiental deben ser independientes y cumplir requisitos específicos para garantizar objetividad en la evaluación.
Finalmente, Löffler remarcó que el desarrollo económico y la protección ambiental no necesariamente son incompatibles, siempre que las inversiones respeten la legislación vigente y se realicen los controles correspondientes.
