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El Gobierno nacional oficializó este viernes la reforma laboral promovida por la administración del presidente Javier Milei, al promulgar la Ley de Modernización Laboral. La norma quedó registrada como Ley 27.802 y entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial mediante el Decreto 137/2026, firmado por el propio mandatario, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.
La reforma laboral había sido aprobada por el Congreso el pasado 27 de febrero y quedó estructurada en 25 capítulos luego de revisiones finales que eliminaron algunos artículos vinculados al régimen de licencias médicas.
Entre los puntos centrales de la nueva legislación aparecen modificaciones en el sistema de indemnizaciones por despido, cambios en las reglas de negociación colectiva, nuevas modalidades salariales, flexibilización de jornadas laborales, incentivos para formalizar empleo y beneficios fiscales destinados a atraer inversiones productivas.
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma laboral es el rediseño del esquema de indemnizaciones. La ley establece que el monto máximo por despido no podrá superar el equivalente a tres veces el salario promedio mensual fijado por el convenio colectivo de cada actividad. Además, fija un piso mínimo equivalente al 67% de la remuneración habitual del trabajador.
También se redefinen los conceptos que integran la base de cálculo indemnizatoria. A partir de ahora quedarán excluidos ítems como el aguinaldo, las vacaciones, premios o propinas. Otro cambio significativo establece que las empresas podrán abonar indemnizaciones derivadas de sentencias judiciales en cuotas: hasta seis pagos mensuales para grandes compañías y hasta doce para pequeñas y medianas empresas.
Para garantizar esos pagos, la norma crea los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que se financiarán con aportes empresariales equivalentes al 1% de las contribuciones patronales para grandes empresas y al 2,5% para pymes.
En materia salarial, la reforma laboral introduce el concepto de “salario dinámico”, que permitirá establecer remuneraciones variables vinculadas a productividad, rendimiento o mérito individual, según lo definan los convenios colectivos. Además, el pago de sueldos deberá realizarse exclusivamente por vía bancaria.
La legislación también introduce cambios en el régimen de vacaciones, permitiendo que trabajador y empleador puedan acordar dividirlas en distintos períodos, siempre que cada tramo no sea inferior a siete días corridos.
Otro de los puntos debatidos durante el tratamiento parlamentario fue la jornada laboral. La normativa habilita esquemas más flexibles que pueden extender la jornada diaria hasta un máximo de 12 horas, siempre que exista acuerdo entre las partes y se garantice un descanso mínimo de 12 horas entre turnos.
En cuanto al funcionamiento sindical, la reforma laboral establece que los acuerdos firmados a nivel de empresa o región tendrán prioridad sobre los convenios colectivos por rama de actividad. Asimismo, fija un límite del 2% del salario mensual para la llamada cuota solidaria.
La ley también introduce nuevas regulaciones sobre el derecho de huelga. En servicios considerados esenciales —como salud, agua potable o telecomunicaciones— deberá garantizarse el funcionamiento de al menos el 75% del personal durante medidas de fuerza. En sectores de importancia trascendental, como transporte o construcción, la prestación mínima deberá mantenerse en el 50%.
Además, la reforma laboral incorpora un programa destinado a reducir la informalidad. A través del Programa de Promoción del Empleo Registrado, se permitirá condonar hasta el 70% de las deudas por aportes y sanciones a empleadores que regularicen trabajadores no registrados.
A esto se suma el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que reduce las contribuciones patronales al 8% anual y otorga beneficios a empresas que incorporen trabajadores provenientes de la informalidad o del sector público.
El paquete también contempla estímulos fiscales para inversiones productivas de mediana escala, permitiendo amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y devolución anticipada del IVA para proyectos que inviertan entre 150.000 y 9 millones de dólares.
Finalmente, la reforma laboral establece medidas para reducir la litigiosidad en el ámbito laboral, fijando un límite del 25% del monto reclamado para honorarios profesionales y otorgando valor de sentencia firme a los acuerdos homologados judicialmente.
