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El Gobierno nacional anunció que aplicará sanciones a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por adherir al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), en el marco de una conciliación obligatoria vigente por el conflicto paritario del transporte automotor en el interior del país.
Según confirmaron fuentes oficiales, la medida se fundamenta en que el gremio que nuclea a los choferes de colectivos se encuentra alcanzado por una conciliación dictada el 11 de febrero, con una vigencia de 15 días. Durante ese período, las partes deben retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto y garantizar la normal prestación del servicio.
Posibles sanciones
Desde el Ejecutivo señalaron que la adhesión al paro general constituye un incumplimiento de la conciliación obligatoria. En ese marco, se evalúan multas económicas e incluso la quita de la personería jurídica del sindicato.
En un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, se intimó a la UTA a dejar sin efecto cualquier medida de acción directa que afecte el servicio de transporte automotor de pasajeros en el interior del país y a abstenerse de impulsar nuevas acciones mientras dure la conciliación.
El Gobierno sostiene que, más allá del paro general, el gremio debe respetar la instancia de negociación abierta con las cámaras empresarias del sector en las provincias.
La postura del gremio
Desde la UTA argumentaron que la medida de fuerza responde a un conflicto generalizado que excede la discusión salarial puntual que motivó la conciliación obligatoria.
El sindicato remarcó que en varias provincias las empresas no han replicado el acuerdo paritario alcanzado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde ya se actualizó la escala salarial. En el interior, en cambio, denuncian falta de definiciones y plantean que la discusión se limita a cuestiones financieras.
Además, justificaron su adhesión al paro general impulsado por la CGT en el deterioro del salario real, la pérdida del poder adquisitivo y la situación laboral del sector.
Impacto en el interior
El conflicto afecta exclusivamente a las provincias, ya que el AMBA quedó al margen tras haber cerrado su paritaria. De concretarse la medida de fuerza, miles de usuarios del transporte público del interior podrían verse afectados, en medio de un escenario de alta tensión entre el Gobierno y los principales gremios del país.
La disputa abre un nuevo frente entre el Ejecutivo y el movimiento obrero, en un contexto marcado por el debate sobre reformas estructurales y la presión sindical frente a la caída del ingreso de los trabajadores.
