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La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó este lunes la convocatoria a un paro general por 24 horas en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La medida de fuerza se realizará el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la iniciativa oficialista.
La decisión fue adoptada en una reunión virtual del Consejo Directivo de la central obrera, integrada por dirigentes de peso dentro del sindicalismo nacional. Según expresaron desde la conducción, el objetivo es frenar el avance de una reforma que, consideran, “afecta derechos laborales consagrados por la Constitución”.
Adhesión del transporte y paralización total
Uno de los puntos clave para garantizar el impacto del paro es la adhesión de los gremios del transporte. A diferencia de la última huelga general, en esta oportunidad confirmaron su participación los sindicatos ferroviarios, aeronáuticos, marítimos y del transporte automotor.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó que no habrá servicios de colectivos durante la jornada, lo que anticipa una fuerte afectación de la movilidad urbana e interurbana en todo el país. También se sumarán los gremios nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), lo que refuerza la posibilidad de una interrupción generalizada de actividades.
Desde la CGT adelantaron que la medida no incluirá movilización al Congreso, pero buscará una paralización contundente de los sectores productivos y de servicios.
El punto que desató el conflicto
El malestar sindical se profundizó tras la incorporación de modificaciones al régimen de licencias médicas dentro del proyecto aprobado en el Senado. El artículo cuestionado establece que los trabajadores que sufran enfermedades o accidentes no vinculados a la actividad laboral podrían percibir entre el 50% y el 75% de su salario, según el caso.
Para la CGT, este cambio implica un retroceso en derechos adquiridos y constituye un precedente peligroso en materia de protección laboral. Además, cuestionan otros aspectos del proyecto vinculados al cálculo de indemnizaciones, extensión de la jornada laboral, regulación del derecho de huelga y limitaciones a la actividad sindical.
Desde el oficialismo, en tanto, argumentan que las modificaciones buscan reducir el ausentismo injustificado y modernizar el sistema laboral. Sin embargo, la central obrera ratificó su postura de rechazo total y advirtió que trabajará para garantizar el mayor nivel de acatamiento posible.
Con este anuncio, el movimiento sindical vuelve a tensar su relación con el Gobierno nacional en un escenario político y económico marcado por fuertes debates sobre el rumbo del mercado laboral en la Argentina.
