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Según el informe “La privación de la libertad en establecimientos penitenciarios. Argentina, año 2024”, elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), Tierra del Fuego experimentó un aumento sostenido de su población carcelaria, superando en crecimiento a la media nacional y generando niveles críticos de sobrepoblación en sus establecimientos.
La provincia de Tierra del Fuego integra el grupo de jurisdicciones donde el encarcelamiento creció de manera significativa durante la última década. Entre 2015 y 2024, la cantidad de personas privadas de libertad pasó de 180 a 327, lo que representa un incremento del 81,7%, superior al promedio nacional del 67,7%.
En términos relativos, Tierra del Fuego registró una tasa de encarcelamiento de 171,6 personas cada 100.000 habitantes, aún por debajo del promedio nacional de 258, pero con una capacidad carcelaria limitada a 206 plazas, lo que llevó el nivel de ocupación al 158,7%, uno de los más elevados del país.
El informe del CNPT advierte que, a diferencia de otras provincias donde la sobrepoblación se mitigó parcialmente con la ampliación de infraestructura, en Tierra del Fuego la presión sobre el sistema se incrementó abruptamente entre 2023 y 2024, con un crecimiento interanual de la ocupación del 42,4%, el más alto registrado a nivel nacional.
Respecto al perfil de los detenidos, el 75,2% estaba condenado al cierre de 2024, mientras que el 24,5% permanecía procesado. Entre los delitos imputados, predominan los vinculados a la integridad sexual (41,6%), seguidos por delitos contra las personas y contra la propiedad.
El escenario provincial refleja además un contexto nacional de crecimiento sostenido del encarcelamiento, donde Argentina alcanzó a fines de 2024 un récord histórico de 121.443 personas privadas de libertad, con un aumento interanual del 7,1%.
El CNPT subraya que, pese a la expansión de la capacidad penitenciaria en varias provincias, la sobrepoblación continúa siendo un problema estructural, con impactos especialmente agudos en distritos pequeños como Tierra del Fuego, donde la infraestructura no logra cubrir la demanda creciente.
Los especialistas advierten que este fenómeno no solo genera hacinamiento, sino que afecta la seguridad, la rehabilitación y las condiciones de vida dentro de las cárceles, planteando la necesidad de políticas integrales de prevención del delito, alternativas a la prisión y mejoras en el sistema penitenciario.
