TDF anticipó que irá a la Justicia contra la intervención del puerto de Ushuaia

El gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur anticipó que irá a la Justicia en contra de la intervención del puerto de Ushuaia decretada este miércoles por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). "Hay un avasallamiento importante sobre la autonomía de la provincia", indicaron en la gestión de Gustavo Melella.

 
Fuentes de la administración fueguina anticiparon que trabajan en una "estrategia netamente legal" y que por estas horas delinean "la mejor estrategia legal para que la Dirección Provincial de Puertos vuelva a tener autonomía real y concreta". "Vamos a ir a la Justicia", confirmaron en diálogo con este medio.

Este miércoles, Tierra del Fuego amaneció con la noticia de que ANPYN se hará cargo de las operaciones en la principal terminal portuaria de la Isla por un año con asistencia de la Prefectura Naval Argentina. La medida llegó en plena temporada estival, cuando un importante número de cruceros atraca en la capital austral con miles de turistas provenientes de distintas partes del mundo.

 
Concretamente, el organismo se excusó en que halló falencias en las inspecciones que realizaron. Entre ellas, enumeraron algunas: faltante de pilotes en el sitio 3 del muelle, defensas gastadas, problemas con el tablestacado, y deficiencias en la carpeta asfáltica, así como "serios compromisos en la gestión administrativa, financiera y de condiciones básicas de seguridad operativa son algunas de las que enumeraron".

La Agencia, además, adujo que falta un registro de ingresos y egresos de dinero y compras que la administración provincial "tercerizó en una empresa que figura como habilitada para la venta de paraguas, termos y pelucas. También que el gobierno provincial usó un "33% del presupuesto para subsidios de las arcas de la provincia, dejando solo un 1,3% para realizar obras y servicios que mejoren la calidad de los servicios brindados".

 
Fuentes de la provincia comentaron a este medio que "no hay una razón lógica u objetiva que amerite una intervención. El puerto no tiene mayores complicaciones de las que puede llegar a tener cualquier institución de esas características. Obviamente, pueden faltar cuestiones y se pueden mejorar otras, pero de ahí a hacer una intervención...", plantearon.

Por otra parte, cargaron las tintas sobre el momento en el que se tomó la medida: "Es un puerto que va a ser el que más recaladas tenga entre Argentina y Chile (cerca de 600) que está operativo en 100% y que es la puerta de entrada a la Antártida". Deslizaron, también, que "hay otras cuestiones de fondo que no tienen nada que ver con esa situación" y remarcaron que todavía "los plazos administrativos no están vencidos ni nada por estilo".