
Polémica en Ushuaia por la cesión de 72 hectáreas al grupo Arakur-Alarkén
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El secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Ushuaia, David Ferreyra, brindó detalles sobre el convenio firmado entre el Municipio y el grupo Arakur-Alarkén, mediante el cual una empresa privada asumirá la custodia de 72 hectáreas municipales lindantes a su reserva natural. El acuerdo, que se encuentra en tratamiento en el Concejo Deliberante, generó polémica e indignación en distintos sectores.
Según lo informado por el funcionario, el área involucrada corresponde a un sector considerado ambientalmente prístino dentro de la ciudad, y la iniciativa se enmarca en una estrategia de preservación basada en la articulación público-privada, ante las limitaciones de recursos del Estado municipal.
Desde el Ejecutivo se argumentó que uno de los principales objetivos del convenio es evitar ocupaciones ilegales en la zona, garantizando la visibilización y custodia permanente del sector por parte de la empresa.
El acuerdo ya fue firmado por el intendente y cuenta con decreto de promulgación. La cesión en custodia se establece por un plazo aproximado de 30 años, con posibilidad de prórroga, y no contempla el pago de tributos por parte de la empresa, con el fin de evitar eventuales reclamos de propiedad sobre las tierras municipales.
Entre los compromisos asumidos se incluyen el mantenimiento de la red de senderos que conecta con la Reserva Natural Provincial, la colocación de cartelería informativa y la construcción de un corral para el manejo de animales sueltos en el área. Desde el Municipio se sostuvo que estas acciones apuntan al cuidado del lugar, al fortalecimiento de la actividad turística y a la preservación de las 72 hectáreas involucradas.
Asimismo, se reconoció que sectores ambientalistas habían propuesto avanzar previamente en la declaración del área como Reserva Natural Urbana, alternativa que podría ser considerada en el marco del debate legislativo.
Por último, desde la Secretaría de Ambiente se indicó que el Municipio busca ampliar la participación de empresas locales en políticas ambientales, a través de mecanismos de responsabilidad empresaria y de iniciativas público-privadas, en un contexto de escasez de recursos para el cuidado del ambiente.


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