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En el marco de una auditoría integral sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno nacional informó haber detectado que al menos 178 mil personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) figuraban como beneficiarias activas de pensiones pese a estar fallecidas. La revelación se conoció en un contexto de fuerte polémica por la posible derogación de la ley de emergencia en discapacidad y tras denuncias de presuntos pedidos de coimas dentro del organismo.
Según precisaron fuentes oficiales, la irregularidad fue confirmada tras un cruce de información con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), dependiente del Ministerio del Interior. Las inconsistencias surgieron durante la auditoría impulsada a fines de agosto, luego de la salida de Diego Spagnuolo de la conducción de la ANDIS.
Desde Casa Rosada indicaron que el actual interventor del organismo, Alejandro Vilches —sanitarista designado tras la renuncia de Spagnuolo—, detectó las anomalías durante el proceso de revisión interna y autorizó la baja inmediata de los certificados observados. En paralelo, el Ejecutivo analiza avanzar judicialmente tanto contra quienes habrían percibido beneficios de manera irregular como contra los prestadores involucrados. “Es lisa y llanamente una estafa al Estado”, señalaron fuentes oficiales.
El Certificado Único de Discapacidad es un documento público y gratuito que acredita oficialmente la condición de discapacidad y permite acceder a diversas prestaciones y beneficios estatales. Su otorgamiento está a cargo de juntas interdisciplinarias que evalúan cada situación particular, lo que refuerza la gravedad de las irregularidades detectadas.
La auditoría en la ANDIS no se limita únicamente a los certificados. También incluye la revisión de contratos y de los procedimientos internos del organismo, luego de que Spagnuolo denunciara presuntos pedidos de coimas que involucrarían a funcionarios vinculados al entorno presidencial. Si bien el proceso aún no concluyó, desde el Gobierno estiman que los resultados finales podrían oficializarse hacia el cierre del primer trimestre de 2026.
En paralelo, la administración nacional evalúa una reestructuración profunda del organismo, que podría incluir la pérdida de su autonomía para pasar a depender del Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones. Las alertas se profundizaron tras detectarse un incremento del 27% en la compra de siete medicamentos clave para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda, en comparación con las cifras manejadas por la cartera sanitaria, según un informe preliminar elaborado tras la salida de Spagnuolo.
