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La reciente decisión de la Legislatura de Tierra del Fuego de modificar la Ley de Salmonicultura N° 1355 encendió alarmas en el ámbito ambiental. La reforma habilita el ingreso de salmones en ambientes acuáticos de la provincia —mares, ríos y lagos—, una posibilidad que hasta ahora estaba prohibida y que fue celebrada por sectores productivos, pero duramente cuestionada por organizaciones ecologistas.
Desde Greenpeace expresaron un rechazo contundente y calificaron la medida como “un nuevo retroceso ambiental en la Argentina”. Según la organización, la normativa anterior había marcado un hito en la protección de los ecosistemas patagónicos y su modificación implica un giro regresivo en materia ambiental.
“Lo que alguna vez sentó un precedente histórico en materia ambiental para la Argentina, hoy abre un nuevo capítulo de regresión ambiental”, aseguró Matías Arrigazzi, especialista en biodiversidad de Greenpeace.
Arrigazzi sostuvo además que existen antecedentes claros sobre los efectos negativos de esta actividad en zonas sensibles. “La evidencia demostró que en zonas donde los salmónidos no son nativos y existen ecosistemas de alto valor y fragilidad como el Mar Argentino, existen graves impactos ambientales que no son posibles de evitar”.
El medio especializado Noticias Ambientales también se refirió a la situación y advirtió que “la salmonicultura en Tierra del Fuego representa un riesgo significativo de contaminación para los ecosistemas marinos, según alertó la organización ambientalista”, en alusión a Greenpeace.
De acuerdo con lo publicado, diversos estudios científicos ya han documentado las consecuencias del cultivo intensivo de salmón en distintas partes del mundo. “Diversos artículos e investigaciones científicas documentaron los impactos del cultivo de salmón. En particular, estos se asocian principalmente a la afectación directa del ecosistema marino. Como ejemplo reciente y cercano se cuenta la crisis ambiental que vivió Chile, segundo productor de salmones a nivel mundial”.
Sobre ese caso, remarcaron que “Esta demostró con claridad cómo la salmonicultura afecta el ambiente de manera agresiva. Los principales daños ambientales incluyen: Contaminación de las aguas. Potencial desarrollo de floraciones algales nocivas (fenómeno conocido como marea roja). Introducción de una especie exótica que generará desequilibrio y pérdida de fauna nativa. Afectación de ecosistemas sensibles como pastos marinos y bahías de gran marea. Impacto sobre la pesca artesanal y el turismo de naturaleza. Muchos de estos daños tardan décadas en ser reparados e incluso pueden ser irreversibles”.
Las críticas no se limitaron a Greenpeace. El Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, que reúne a más de 30 organizaciones de distintos países de la región, también cuestionó la flexibilización de la normativa y advirtió sobre sus consecuencias a largo plazo.
Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) señalaron que “La modificación de la Ley N° 1.355 implicó una vulneración del principio de no regresión en materia ambiental». Además, alertaron que la decisión representa “un incumplimiento del Acuerdo de Escazú”, el cual “exige estándares vinculantes en acceso a la información, participación pública y elaboración de políticas ambientales”.
Desde una mirada técnica, Francisco Viddi, de la Fundación Melimoyu de Chile, explicó que “las aguas de la costa Atlántica de Tierra del Fuego presentan amplitudes de marea tremendamente significativas, una exposición a un oleaje intenso e importantes corrientes”.
Según el especialista, estas características “hacen técnicamente inviable, o de muy alto costo, la instalación y desarrollo de sistemas de cultivos de salmones y truchas en granjas marinas”.
Finalmente, el Foro instó a las autoridades provinciales a reconsiderar la decisión y atender los aportes de la ciencia y de la sociedad civil. “Se busca que se abandonen los proyectos que entran en conflicto con la economía, la cultura y la identidad fueguinas”, remarcó Noticias Ambientales.
