Realizaron una inspección ocular en la vivienda donde ocurrió el crimen de Alberto Scariot

La causa judicial que investiga el crimen ocurrido el 10 de noviembre en el barrio Los Cisnes continúa avanzando con nuevas medidas ordenadas por la Justicia. Este viernes, la jueza interviniente dispuso la realización de una inspección ocular y la concreción de las últimas pericias en el lugar donde se produjo el hecho, en el que perdió la vida Alberto Scariot, de 40 años.

Por el homicidio se encuentra detenido Fernando Aaron Moreyra, de 22 años, quien permanece imputado y con prisión preventiva. El violento episodio tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Yaktemi al 400, donde convivían la víctima, el acusado y un tercer sujeto.

De acuerdo a la investigación, el ataque se produjo en un contexto marcado por el consumo excesivo de alcohol y drogas, derivando en una discusión vinculada a problemas de convivencia. Durante el hecho, Scariot fue brutalmente agredido, recibiendo golpes y 34 heridas punzocortantes, que finalmente le provocaron la muerte.

Moreyra fue procesado por el delito de “homicidio agravado por ensañamiento”, resolución que quedó firme luego de que su defensa decidiera no apelar el procesamiento. En este escenario, la causa se encuentra a la espera de los resultados periciales finales y estudios de ADN, pasos previos a su elevación a juicio.

En el marco de la investigación, la jueza Cecilia Cataldo encabezó la medida judicial desarrollada este viernes por la tarde, con la intervención de Policía Científica, que realizó relevamientos, mediciones y constataciones de los distintos ambientes del inmueble con el objetivo de reconstruir la mecánica del crimen.

Con estas diligencias, el expediente queda prácticamente concluido y se encamina a ser remitido al Tribunal de Juiciodurante los primeros meses del próximo año.

Denuncia por uso de redes sociales desde la detención
En paralelo, durante la semana los familiares de la víctima realizaron una presentación ante la fiscalía, denunciando que el imputado habría publicado imágenes en redes sociales desde el interior de la Unidad de Detención.

Ante esta situación, se elaboró un informe y el Servicio Penitenciario Provincial llevó adelante dos requisas, que no arrojaron resultados positivos respecto a la tenencia de un teléfono celular por parte de Moreyra.

La investigación interna apunta a que otro interno habría tenido acceso a un dispositivo móvil, desde el cual se habrían realizado las publicaciones. Si bien el celular no fue hallado, dicho recluso fue sancionado disciplinariamente, recibiendo días de aislamiento conforme a las normas del Servicio Penitenciario.