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En el marco de la discusión pública retomada por los medios provinciales, el Consejo Provincial de Medio Ambiente (CPMA) elevó a la Legislatura un dictamen crítico sobre el proyecto del Poder Ejecutivo que impulsa una nueva regulación para la acuicultura, mientras la ministra de Producción y Ambiente defendió la iniciativa en un documento paralelo.
El Consejo Provincial de Medio Ambiente resolvió respaldar la plena vigencia de la Ley 1355, sancionada en julio de 2021, que restringe la salmonicultura en aguas lacustres y marinas de jurisdicción provincial. En el Dictamen CPMA N° 002/2025, elevado por la secretaria de Ambiente y presidenta del organismo, se plantean cuestionamientos “tanto al contenido de la propuesta como al trámite seguido para su evaluación”.
El Consejo señaló que el proyecto del Poder Ejecutivo representa “una modificación total de la normativa ambiental vigente” y alertó que otorgar atribuciones ambientales a la Secretaría de Pesca “implica un cambio regresivo”, ya que “el ambiente debe ser entendido como un sistema complejo y único en el cual su gestión y abordaje no puede ser fragmentada”.
El dictamen apela a principios de jerarquía constitucional como no regresividad, precaución y prevención, y afirma que la modificación colisionaría con los principios rectores de la Ley General del Ambiente 25.675.
El documento recuerda que la Ley 1355 fue fruto de un proceso participativo iniciado en 2018 con organizaciones sociales, instituciones científicas y académicas, y áreas técnicas del Ejecutivo, lo que derivó en un consenso amplio de la comunidad. También cuestiona que, pese a los años transcurridos, la norma “aún no fue reglamentada”.
El CPMA subraya que la Ley 1355 permite producción artesanal controlada de trucha arco iris, trucha marrón y trucha de arroyo, con un tope de 50 toneladas anuales, y que la prohibición se orienta específicamente a la acuicultura en ecosistemas lacustres y marinos, quedando la producción en tierra regulada por la Ley 1126 de Recursos Hídricos.
El pronunciamiento también critica el proceso legislativo del proyecto oficial, al afirmar que no garantizó la participación ciudadana abierta, como exige el Acuerdo de Escazú. Señala que no se aseguró “un proceso transparente de debate público” acorde al impacto ambiental de la reforma.
El dictamen lleva la firma del representante de la Legislatura, de la ONG Manekenk, del CADIC y de la UNTDF.
La postura del Ejecutivo: “No implica un retroceso ambiental”
Además del dictamen, el CPMA remitió a la Legislatura la posición de la ministra de Producción y Ambiente, quien defendió el proyecto. Según explicó, la propuesta “no implica un retroceso ambiental”, sino que plantea “un marco más moderno, integral y regulado” para ordenar la acuicultura provincial con base científica, tecnológica y de sustentabilidad.
Entre los objetivos planteados menciona:
La ministra destacó que, al igual que la Ley 1355, “se conserva expresamente la prohibición del cultivo de salmónidos en el Beagle”. También valoró la incorporación de herramientas como la Evaluación Ambiental Estratégica para definir zonas aptas y la obligatoriedad de Estudios de Impacto Ambiental para cada proyecto.
Para finalizar, sostuvo que el debate no debe reducirse a una dicotomía: “La provincia necesita proteger sus ecosistemas, pero también generar oportunidades reales para su gente; no hay producción sin ambiente, ni ambiente protegido sin desarrollo ordenado”.
