Raúl Aciar: "Las reformas no deben responder a coyunturas políticas”

En diálogo con Radio Provincia, el doctor Raúl Aciar se refirió a la intención del Gobierno fueguino de avanzar con la reforma constitucional, reavivando un debate institucional de fondo. Analizó los alcances legales de la convocatoria, cuestionó la falta de claridad normativa y advirtió sobre el peligro de modificar la Carta Magna con criterios políticos coyunturales.

En primer lugar, Aciar recordó que “una Constitución es la estructura vertebral de la provincia, de modo tal que no hay que toquetearla mucho, no es para cambiarla ahora porque viene el verano y luego en el invierno hacemos otro cambio", seguidamente explicó que, a su entender, el proceso carece de orden jurídico y prolijidad inicial.

En esa línea, el letrado penalista planteó que existen artículos “que se mencionan, pero no tienen fundamento”, señalando que la ley que declara la necesidad de la reforma “no expone una claridad de inicio”. Indicó que esta falta de precisión anticipa futuros cuestionamientos legales y políticos sobre la validez del procedimiento.

En ese marco, señaló que la Carta Magna fueguina “tiene poco tiempo de vigencia” y que “las reformas no deben responder a coyunturas políticas”, porque los cambios estructurales exigen consenso social y fundamentos jurídicos.

Luego, subrayó que “no es algo que pueda modificarse por coyunturas que existan, por cambios globales o intereses del momento”, por lo cual, sostuvo que las enmiendas son los mecanismos adecuados para adaptaciones menores sin alterar la esencia constitucional.

En este sentido, el abogado pidió prudencia y responsabilidad política "hay que ver cómo se desarrolla todo esto y esperemos que esta vez tampoco se venzan los plazos o dé lugar a los cuestionamientos que ya hemos visto”. Consideró que los intentos previos fracasaron por falta de rigor institucional.

Por útimo, Raúl Aciar reflexionó que “todo esto se define por la clase política, y la gente no es inocente en estas cuestiones”, y reclamó que el debate constitucional debe estar guiado por el interés público y no por “coyunturas de poder ni estrategias de gobierno”.